Las cartas del 2022 ya están definitivamente jugadas: aun cuando falte conocer los registros de diciembre, será otro año de caída del salario real o, si se prefiere, el quinto consecutivo en que la inflación le gana a los sueldos y le gana por mucho. Un verdadero desbarajuste económico que, tal cual vienen las cosas, pinta para estirarse en principio a 2023.

Quedará probado, de nuevo, que la realidad puede con el discurso kirchnerista empecinadamente falaz donde los ingresos vencen a los precios, pues tres de esos cinco períodos corresponden al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Al de ambos, juntos y no separados, por si es necesario aclararlo.

Ocurre eso y bastante más que eso: el peor resultado de la serie sacude a los asalariados informales, ocupados en empleos precarios siempre inestables, sin coberturas laborales y sociales básicas ni paritarias. Son alrededor de 5,2 millones de trabajadores que, encima, ganan menos de la mitad de lo que cobran quienes están en regla y por tareas a menudo similares.

Según cálculos de la consultora ACM, entre noviembre de 2021 y noviembre 2022 en el sector que el Gobierno define como vulnerable y por lo tanto de atención prioritaria, el salario real bajó 9,5%.

Respecto de enero 2018, los números del tributarista Nadin Argañaraz hablan de un derrumbe equivalente a 13,3 sueldos o a un año largo de ingresos devorados por la inflación. Para los privados registrados, en blanco, la cuenta de Argañaraz dice 8 sueldos y 10, para los empleados públicos.

No parece casual que esa estructura de ingresos desiguales conviva con otra donde el empleo que de verdad crece es justamente el empleo precario, desprotegido y situado en las márgenes del sistema.

Datos de fuentes oficiales revelan que durante el año que va del primer trimestre de 2021 al primero de 2022, es decir, a la salida de la pandemia, la cantidad de asalariados informales aumentó un 18%: pasó de 4,4 millones a 5,2 millones. Y avanzó hasta concentrar cerca de la mitad de la fuerza laboral del país.

La contracara señala que en el mismo período el número de trabajadores formales, en blanco, apenas subió 2%. Y una visión ampliada apunta que desde agosto de 2018 el sector privado no ha agregado ni un solo empleo formal al sistema o peor, ha dado de baja unos cuantos miles: datos de fuentes oficiales nuevamente cantan 6.212.900 para agosto de 2018 versus 6.185.400 en agosto de 2022.

Puestas del derecho o del revés y crudamente, las cifras no señalan estancamiento ni tampoco retroceso sino decadencia profunda e instalada en un territorio clave de la estructura social. Con toda la carga que lleva encima y costará desmontar, se parece mucho a una decadencia sin salida a la vista.

En este espacio donde se cruzan variables de la misma especie hay una que pesa fuerte y se llama, obviamente, inflación. Es una anormalidad que flota en las alturas del 25% anual desde 2007 y que lleva 15 años descolgada del mundo, sin que nada ni nadie la ponga en caja.

Ahora, en las tres temporadas del actual ciclo kirchnerista, ha acumulado nada menos que 300%. Se ha convertido en una factura enorme transferida a la cuenta de quienes asuman el 10 de diciembre y es, a la vez, una muestra de la ineficacia de los controles de precios y de las regulaciones, vedas y maniobras que llevan el sello de Axel Kicillof. Del Kicillof ministro de Economía de Cristina Kirchner en 2015.

Cuesta encontrar luego un lugar por donde colar esa explicación que Alberto Fernández atribuyó a teóricos de la economía y tradujo a su manera. Dijo por todo concepto: “Gran parte de la inflación es autoconstruida. Está en la cabeza de la gente”. O sea, una fantasía que si existe es responsabilidad de otros, y que pase el que sigue.

Y lo que sigue luce semejante a más de lo mismo si no es directamente más de lo mismo: un remedo del plan Precios Justos lanzado en noviembre, solo que en vez de un techo del 4% para los aumentos ahora tiene uno del 3,2%. La cuestión es que el índice empiece con el 3 prometido por Sergio Massa.

Sobre los resultados del Precios Justos 1 hablan un par de planillas del INDEC de noviembre y diciembre. Muestran que de los 40 productos considerados, la mayoría en su tipo esenciales sólo hubo 7 en un caso y 4 en el otro donde se respetó la cota del 4%. Dicho de otra manera, más de 30 productos o el 75% saltaron el cerco.

El Gobierno replicó con el cumplimiento o el incumplimiento, a su manera, de pagar las adhesiones con permisos de importación al tipo de cambio oficial. Una clave crucial del acuerdo: dólar oficial a $ 188 contra dólar blue a $ 379 o contado con liquidación legal a $ 367.

En la Cámara de Comercio y Servicios se quejaron porque apenas un 25% de las empresas que entraron al plan consiguieron el beneficio. En el sector automotriz dicen que les aprobaron la mitad de las solicitudes y entre las pymes el mensaje es “arréglense como puedan”.

El telón de fondo tiene la forma de un problema conocido y se llama reservas escasas, que así como entran al Banco Central enfilan hacia la puerta de salida.

Según informes de especialistas, el stock neto de divisas, digamos disponible, suma hoy alrededor de US$ 5.000 millones. Cubre un mes de importaciones, según el monto ya apretado de diciembre y menos de quince días, según el abultado de junio.

La regla que manejan los especialistas dice cuatro meses de importaciones, lo cual implica reservas netas por alrededor de US$ 27.000 millones. Así, en base al promedio mensual de 2020 estamos ante un agujero de US$ 20.000 millones cómodos.

Sin más rodeos, el problema de Massa, que es también un problema para sus aspiraciones políticas, aparece clarito en las proyecciones inflacionarias de enero: reportan cerca del 6%. Con tarifas, carne y otros condimentos, las de febrero y marzo andarían en las cercanías del 6%.

Para que se entienda mejor, el Precios Justos 2 con techo del 3,2% mensual va del 1° de febrero al 30 de junio. Y por si hace falta un remache político, las PASO siguen plantadas en el 13 de agosto.

De vuelta a la “inflación autoconstruida” de Fernández, un festival financiero alrededor de la monumental deuda del Estado cuenta una versión de la realidad muy diferente de la que pregona el Presidente, nada fantasiosa y crudamente concreta. Encina, es por mucha plata.

La cuestión consiste en refinanciar impresionantes 13,8 billones de pesos que vencen en 2023 y tienen clavado un dato fortísimo: el 80% de esa deuda está indexado por la inflación o por el dólar oficial o por un mix de ambas variables, lo cual significa que con semejante carga de intereses y la inflación volando a fin de año los 13,8 billones se habrán duplicado.

De la misma especie, el monto de los intereses promedia 1,9 billones por mes, con un pico que desborda los 3 billones en julio.

Ninguna autoconstrucción de los grandes operadores: pura desconfianza y pura incertidumbre, cobertura al fin. Lo mismo que el Gobierno acepta de hecho, cuando convalida semejantes condiciones.

Alcadio Oña

Clarín