Se llevó a cabo en Ginebra un evento organizado por la Oficina de las Américas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el marco de la 70ª Sesión del Comité Ejecutivo de ese organismo.

El acontecimiento, titulado "Movimientos de población en Venezuela: respuestas nacionales y regionales", que tuvo como propósito mostrar los esfuerzos de los Estados de la región para atender las necesidades de los ciudadanos venezolanos a partir de buenas prácticas a nivel nacional y de las iniciativas regionales, como son el Proceso de Quito y la plataforma regional de coordinación liderada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el ACNUR.

Se abordaron allí los mecanismos de cooperación y articulación adoptados por los países de la región para dar respuesta al flujo masivo de migrantes y refugiados venezolanos que se encuentran en tránsito o que han elegido como destino algún país de América Latina o del Caribe, dado que la República Argentina ha venido acompañado al Proceso de Quito desde sus inicios, asumiendo el liderazgo con la organización de la IV reunión en Buenos Aires en julio pasado.

En este sentido, cabe señalar que en cumplimiento de los compromisos asumidos en julio de este año, la Argentina organizó una Reunión de Grupos Técnicos en la Dirección Nacional de Migraciones, y una Reunión Técnica Regional de Mesas Nacionales contra la Trata de Personas. Ambas actividades dejaron un elaborado trabajo técnico reflejado en proyectos concretos para atender la situación de los millones de nacionales venezolanos desplazados por la crisis en su país.

Las personas, los ciudadanos venezolanos han huido a diversos países del mundo por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, que comenzaron en los gobiernos de Chavez  y se acentuaron con el régimen  de Nicolás Maduro.

Cabe señalar que  la real situación de la migración de más de cuatro millones de venezolanos , así como las persecuciones y muerte a más de mil quinientos ciudadanos, las torturas, las persecuciones políticas, la falta de medicamento, y otros servicios basicos se pudieron de manifiesto con el informe de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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