El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4 procesó a Minera del Altiplano S.A., anteriormente conocida como Livent y actualmente controlada por el grupo internacional Río Tinto, junto a su expresidente Luciano Antonio Mancuso. La acusación judicial los señala como coautores del presunto delito de contrabando de exportación, basado en 146 operaciones realizadas entre junio de 2022 y octubre de 2023, en las que se habrían declarado valores de exportación por debajo del precio internacional del litio. La resolución también impuso un embargo preventivo de 100 mil millones de pesos y prohibió la salida del país de los imputados.

La maniobra investigada habría generado un perjuicio fiscal estimado en más de 200 millones de dólares, según la pericia oficial. Las operaciones, presuntamente subfacturadas, fueron documentadas con facturas que el expediente califica de “ideológicamente falsas”, lo que habría permitido reducir el pago de tributos.

La empresa negó los cargos, afirmó que las operaciones fueron canalizadas mediante el Sistema Informático María (SIM) y que se trataba de contratos de largo plazo, sin objeción de la Aduana. El juez desestimó esa defensa y remarcó que la validación administrativa no exime de responsabilidad penal.

Silencio en el Gobierno provincial por el caso Livent

Pese a la magnitud del caso y su impacto en el sector minero de Catamarca, el gobierno provincial evitó responder sobre su rol y posibles acciones ante la situación judicial. El ministro de Minería, Marcelo Murúa, nunca respondió con respecto a si la provincia detectó irregularidades durante el desarrollo de las exportaciones o si tomó alguna medida preventiva. También quedaron sin respuesta las preguntas sobre eventuales impactos económicos para Catamarca o si los bienes embargados alcanzan activos dentro del territorio provincial.

El silencio oficial también abarca otras cuestiones. No hubo declaraciones sobre si la provincia recibió alguna compensación ante el presunto perjuicio fiscal, ni si las maniobras atribuidas a la empresa podrían afectar el desarrollo del sector litífero local. Murúa no respondió si la ex Livent y hoy Río Tinto tiene presentaciones de oposición y bloqueo a otras compañías con interés de invertir en la provincia de Catamarca. Además, se desconoce si la actual controlante, Río Tinto, abordó el tema en reuniones recientes con autoridades provinciales. A fines del mes pasado, el gobernador Raúl Jalil mantuvo un encuentro con el CEO global de la minera, Jakob Stausholm, aunque no trascendió si trataron el avance de la causa penal o la situación legal de la firma en la provincia.

La investigación se originó por una denuncia presentada por Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio. La causa derivó en actuaciones de la AFIP y el posterior fallo del juzgado penal económico. En la resolución se remarca que la responsabilidad penal alcanza tanto a la empresa como a su expresidente, Luciano Mancuso, quien había recibido un poder especial en 2022 para actuar en cuestiones aduaneras. La instrucción de la causa continuará con posibilidad de nuevas pruebas e indagatorias, mientras las autoridades provinciales aún no definieron una postura pública.