En Catamarca, la frase “nadie va preso” dejó de ser exageración para convertirse en diagnóstico. No se trata de una ausencia de delitos, sino de una maquinaria institucional diseñada para que los poderosos nunca enfrenten consecuencias. Funcionarios, contratistas, jueces, empresarios: todos parecen moverse en un ecosistema donde la ley es una formalidad y la justicia, una ficción.

🔍 Causas que duermen, jueces que protegen
Las causas por corrupción, sobreprecios, incumplimientos contractuales o abuso de poder se archivan, se dilatan o se desvanecen en tecnicismos. Los jueces que deberían investigar son parte del mismo entramado que deberían desmantelar. Las fiscalías operan con recursos mínimos, sin autonomía ni voluntad política. Y cuando algún expediente amenaza con avanzar, aparecen las presiones, los pactos, los silencios.
🏗️ El caso de la obra pública
La cartelización de la obra pública es un ejemplo paradigmático. Empresas que repiten adjudicaciones, licitaciones amañadas, obras inconclusas que se pagan como terminadas. ¿Quién controla? ¿Quién denuncia? ¿Quién investiga? Nadie. O mejor dicho: los que lo hacen, lo hacen a pulmón, sin respaldo institucional y con riesgo personal.

⚖️ La desigualdad ante la ley
Mientras tanto, el ciudadano común sí va preso. Por hurtos menores, por conflictos familiares, por deudas. La justicia funciona para los débiles, no para los fuertes. La ley se aplica con rigor cuando no hay poder de por medio. Pero cuando el imputado tiene vínculos, padrinos o contratos con el Estado, el sistema se vuelve indulgente, lento, cómplice.
⚖️ La justicia como último recurso… que no llega
Dos casos emblemáticos ilustran la degradación judicial:
• El asesinato del ministro Juan Carlos Rojas en 2022 sigue sin resolución.
• El caso María Soledad Morales, símbolo nacional de impunidad, marcó una generación entera y dejó una herida institucional que nunca cerró.
Ambos muestran cómo la justicia en Catamarca ha sido incapaz de actuar con independencia frente al poder político.

📊 ¿Quién paga el costo?
La corrupción estructural no solo afecta las cuentas del Estado. Afecta la vida cotidiana de miles de catamarqueños. Hospitales que no se construyen, rutas que se rompen, escuelas que no se terminan, jóvenes que no encuentran futuro. Lo más grave no es lo que se roba. Es lo que se impide.

📣 ¿Qué hacemos frente a esto?
La impunidad no se combate solo con indignación. Se combate con información, con organización, con herramientas. Necesitamos mapear las redes de poder, visualizar los contratos, seguir el rastro del dinero. Necesitamos apps ciudadanas que permitan denunciar irregularidades, monitorear obras, exigir transparencia. Y sobre todo, necesitamos romper el pacto del silencio.

Porque si nadie va preso, es porque muchos callan. Y si muchos callan, es porque pocos hablan. Que esta nota sea un grito más en ese desierto.