La campaña electoral en Catamarca tomó un giro inesperado cuando el candidato Francisco Monti (La Libertad Avanza) denunció públicamente que punteros políticos estarían entregando drogas a jóvenes a cambio de votos. “La política les da droga a los chicos a cambio de un voto”, afirmó, señalando barrios del sur de la capital donde, según él, “hay chicos que parecen zombis”.
La acusación fue respaldada por Diego Figueroa, también candidato de LLA, quien mencionó la distribución de “alita de mosca” durante actos proselitistas. Las declaraciones generaron un fuerte revuelo institucional: el Fiscal de Estado, Marcos Denett, presentó una denuncia penal contra ambos dirigentes, exigiendo que aporten pruebas concretas y sean citados a declarar.
Monti fue convocado por la Justicia Federal como testigo, mientras que desde su espacio denuncian persecución política y encubrimiento. El caso plantea interrogantes profundos sobre el vínculo entre política, narcotráfico y vulnerabilidad social en la provincia.

¿Qué está en juego?
• La credibilidad institucional: ¿Se investigará a fondo o se buscará silenciar al denunciante?
• La salud pública: ¿Qué políticas existen para prevenir el consumo en zonas vulnerables?
• La ética electoral: ¿Puede el voto ser manipulado con sustancias ilegales?
Catamarca necesita respuestas claras, investigaciones serias y un compromiso real con la transparencia. Porque si la política se convierte en distribuidora de drogas, el daño no es solo electoral: es generacional.