El día de la fecha, asistió la Directora de Transporte Ing. Andrea Álvarez, junto a parte de su equipo de trabajo, para responder algunas inquietudes que los legisladores integrantes de la Comisión de Obras y Servicios públicos de la Cámara de Diputados, que tenían los miembros con respecto al estado del transporte público tanto urbano como del interior provincial.

El objetivo inicial era abordar dos proyectos referidos a la priorización del pago de salarios de los empleados del sector, presentado por el diputado Rojas, y otro, a la creación de la Empresa "Transporte urbano e interurbano de Catamarca Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria" (T.U.I.C. S.A.P.E.M.)”, planteado por la Diputada Mónica Zalazar.

Sin embargo, a medida que se desarrollaba el encuentro, se planteó de forma ininteligible la gravedad no solo de la calidad de la prestación del servicio, sino de la crítica situación en que se encuentran las empresas prestadoras.

Algunos datos:

• La provincia cuenta con 27 empresas de transporte, 5 de ellas son las que cubren los recorridos urbanos concentrando la mayor cantidad de pasajeros, subsidios y también de deudas;
• En tiempos normales, se facturan cerca de 1.900.000 pasajes por mes a un valor de $22;
• Son cerca de 22.000 los beneficiarios de tarifas sociales, incluido el boleto estudiantil.
• La provincia otorgó un bono adicional para cubrir sueldos por la situación de emergencia para los meses de marzo-abril-mayo.

Una solución parcial a una situación coyuntural. Claramente insuficiente.

A partir de la firma del Pacto Fiscal, la Provincia comenzó a aportar el mayor porcentaje de subsidios al transporte, debiendo gestionar el monto restante ante Nación, punto este, que viene siendo reclamado por incumplimiento por parte de las empresas.

Para reemplazar la quita de subsidios nacionales, que actualmente ronda los $ 18.000.000, se creó un fondo compensador donde la provincia aporta $ 30.000.000 para sostener el servicio. No solo la paralización de la actividad generada por la pandemia, sino a partir del método de subsidio por km recorrido, el congelamiento de la asistencia económica desde marzo de 2019, y el retraso en el pago del Boleto Estudiantil, por ejemplo, hace que la situación de las empresas sea insostenible; el resultado son las quejas por las largas esperas de los usuarios, para trasladarse distancias cortas, dentro de la Capital y alrededores.

Las empresas de transporte urbano e interurbano, que ni siquiera son concesionarias, sino que funcionan a partir de permisos precarios, no están pudiendo sostener la prestación del servicio, que se redujo en 90% en su recaudación.
Un boleto con una estructura de costos real de $ 85, de los cuales es cubierto el 50 %, es manifiestamente inviable.

El usuario paga $22, otros $20 se cubren con subsidios nacionales y provinciales, y el saldo (50%) que queda sin cubrir. La situación presupuestaria y económica está planteada. El sostenimiento de un servicio público de mediana calidad, es indiscutible; lo que necesitamos conocer es cuál es la respuesta concreta del Estado, una política sostenible y viable del Gobierno provincial. La creación de una SAPEM, en los términos planteados, no aparece como la mejor opción.

Es necesario que el conjunto de la sociedad exija al presidente de la Nación que iba a llenar las heladeras, a aumentar el 20 % las jubilaciones y encender la economía, que envíe los recursos, porque los motores se están apagando.

Claramente hay una inoperancia en la gestión administrativa, que agrava la pandemia.