«El escándalo que se desató con la investigación periodística de diario El Ancasti que mostró 41 contrataciones directas por una cifra superior 2.100 millones de pesos a la empresa AIR TOTAL S.R.L., demostró claramente que la obra pública en Catamarca está cartelizada, no hay en las adjudicaciones procesos licitatorios transparentes, se hace uso y abuso de criterios discrecionales. El “andá, hacela y después hacemos los papeles” es la muletilla imperante, así se estaría manejando hoy la mayoría de las adjudicaciones y cuando se realiza verdaderamente una licitación, después son siderales las cifras que obtiene la empresa ganadora por mayores costos»

Más adelante agrega «En el marco de este escenario de falta de transparencia, de corrupción y cartelización, no es AIR TOTAL S.R.L la única beneficiaria de un número importante de adjudicaciones, también hay otras empresas que llaman poderosamente la atención por la cantidad de obras que reciben de parte no tan solo del gobierno provincial, sino también del gobierno municipal de San Fernando del Valle de Catamarca», agregando a sus argumentos y como responsable de la situación, además de Raúl Jalil, a Gustavo Saadi.

El pedido de informes del diputado, se centraba mas en el área del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, pero por la información que ha accedido El Pucará, en el I.P.V hay fuertes indicios de cartelización si se analiza el listado de adjudicaciones y contratos de obra.

De ese listado surge una fuerte concentración de empresas beneficiadas, un desdoblamiento de contratos llamativo y sin otro justificativo que es, esquivar el proceso de licitación publica. Además no se respetan los certificados de capacidad, ya que hay empresas con mayor monto de contrato del autorizado para contratar con el estado.

Hay empresas con mas de 20 contratos que tienen números consecutivos de concurso de precios que son obras que algunos casos se desarrollan en el mismo lugar.

Cartelización se denomina a un acuerdo entre empresas de un mismo sector, cuyo fin es eliminar o reducir la competencia perjudicando a uno o varios terceros.

Del análisis minucioso del listado de obras contratadas por el I.P.V resulta bastante sospechoso y con fuertes indicios de acuerdos entre empresas para perjudicar al estado, en lo que ya parece ser un "modus operandi", que traducido es "un método habitual para esquivar las leyes y reglamentaciones vigentes", con fines poco transparentes.

Fuertes indicios de corrupción que deberán ser investigados para que no quede impune, porque en definitiva el que termina pagando el sobre precio es el pueblo y esto se traduce en falta de buenos servicios que debería prestar el estado  a los ciudadanos.