Luego del bochornoso espectáculo que brindaron conjuntamente algunos legisladores/as en la Cámara Baja en la última sesión al tratar un proyecto de tablas presentado por la diputada Natalia Herrera, para apartar del cargo al Intendente Municipal de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, quien cursa un proceso penal como imputado por una causa de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de libertad, vienen a la memoria, situaciones similares, en el ámbito de la Legislatura provincial, particularmente con un caso parecido, donde el intendente era de signo contrario (Juntos por el Cambio). Nos referimos al caso del Intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, que fue suspendido y luego destituido al quedar su condena firme.

Los senadores peronistas hicieron lo imposible para removerlo, incluso buscaron otros argumentos fuera de la cuestión penal para lograr el cometido. El abanderado de ese proyecto fue el senador de Belén Jorge Solá Jais. Ahora si el intendente hubiese sido peronista, quizás en vez de acusarlo, lo hubiera protegido, tanto como Gustavo Aguirre protegió a Elpidio Guaraz, entonces cabe concluir que no es la violencia de género ni la perspectiva, ¡es la política, estúpido! ¿Tendrá cara el diputado Aguirre (Frente de Todos) para mirar a los ojos a María Isabel Espeche, madre de Brenda Micaela Gordillo?

Pesa sobre la figura de Guaraz, el principio de inocencia consagrado en la legislación constitucional de la Nación. No obstante, sus antecedentes son pésimos, por no decir horribles, como para que alguien pueda pensar en su inocencia con cierto grado de razonabilidad. Recordemos que, en plena pandemia, con la gente encerrada por la cuarentena obligatoria, Elpidio Guaraz organizaba reuniones hípicas, para que pudieran correr sus caballos pura sangre. Hace rato debería haber sido destituido.

No obstante, debería existir, por sentido común que cualquier intendente o funcionario que sea acusado de un delito de connotación sexual, sea suspendido de inmediato sin goce de haberes y a la espera de la sentencia definitiva o de la condena firme, porque políticamente, una acusación de éstas características ya es motivo suficiente para proceder a la suspensión, independientemente de la responsabilidad penal que pudiera corresponder después de ejercer su defensa en juicio.

Y aquí no detenemos en dos cuestiones que son claves. Una, que es la confusión que genera tratar todo desde la perspectiva política olvidando la de género, y es ahí donde llegan las contradicciones, porque se invierten cuantiosos fondos en reeducar al soberano y cuando les toca aplicar los criterios de la reeducación, se hacen los distraídos y solo para proteger al funcionario del mismo palo.

La otra cuestión, es que deberían unificarse los criterios, y aplicar el sentido común. Toda la legislatura provincial tendría que proceder en forma univoca, conforme un principio rector y sin distinciones ni pertenencias políticas, y cuando aparecen estos casos de delitos sexuales agravados por la condición dominante del poder, en los que la Legislatura provincial tenga competencia y facultades suficientes, se suspenda al funcionario investigado hasta tanto se expida la justicia en forma definitiva.

El caso Aybar indicó la existencia de un vacío legislativo que aún no fue solucionado. No es cuestión de hacer una ley para destituir o suspender, la cuestión es que un desorden social grave perpetrado por un funcionario, sea tratado libre de ideologías o cuestiones partidarias, ajenas a la sociología de la conducta desviada. Entonces todo lo que se hace por la reeducación en la perspectiva de género tendrá sentido.