Y también somos pobres porque tenemos un sistema científico que no produce conocimientos para optimizar el crecimiento, un sistema productivo que no innova, un stock de recursos humanos altamente capacitados cada vez más escaso, y porque la participación de cualquier producto argentino en los mercados mundiales se reduce constantemente. Es decir, pobreza actual y –si no hay cambios drásticos– más pobreza futura que el populismo ha incrementado, con cada vez menos recursos para superarla.

Solo para tener noción de la perversidad del pensamiento y la acción kirchneristas ante esta ecuación crítica, baste recordar que la estatización de Aerolíneas Argentinas nos ha costado hasta ahora 12.000 millones de dólares, y la política tarifaria demagógica, 125.000 millones, y lo comparamos con alternativas que hubiesen dado un mejor futuro a millones de personas, tal como planes masivos de mejor educación. La opción sistemática por el consumo en detrimento de la inversión, publicitada como progresista, muestra en estos ejemplos su capacidad de daño social.

Estas decisiones nos confirman también cómo el populismo carece de cualquier proyecto que pueda revertir el estado de pobreza estructural al que nos encaminamos si no hay cambios definitivos. Ante todo, porque hay una restricción ideológica que se manifiesta en el rechazo a conceptos esenciales para el progreso, tales como inversión, innovación, productividad y aun educación de calidad, que son objetados no solo en el discurso, sino también en las decisiones estratégicas.

El Estado, que en el discurso populista pretende ser agente del progreso, se ha transformado en un cómplice de la decadencia. Rechazando cualquier criterio elemental de eficiencia como “neoliberal”, se convirtió en un distorsionador permanente de las actividades económicas de todo tipo. Pero, además, ha sido utilizado para instalar variados privilegios corporativos y sectoriales, de modo tal que en cualquier sector de actividad en el que intervenga el Estado, como regulador o productor de bienes y servicios, hay algún beneficiario que aprovecha su ventaja en perjuicio del resto de la sociedad y que por tanto se ha de oponer duramente a cualquier cambio. Estas prerrogativas han producido enormes e injustificadas transferencias de ingresos, e hicieron desaparecer la competitividad y la innovación como herramientas básicas de las funciones de producción económica y social. Aunque parezca increíble, los proclamados defensores de los derechos de los trabajadores han obstaculizado, con argumentos políticos incomprensibles, el acceso de los pobres a un empleo formal que les permitiría recuperar una vida digna.

La politización del uso de recursos estatales ha hecho desaparecer cualquier criterio de eficiencia en la inversión pública, en la que hoy es imposible distinguir racionalidad y evaluación de impacto, especialmente en el campo de las inversiones sociales, cuyo único objetivo parece ser alimentar los aparatos territoriales aliados a través de un despilfarro bajo excusas que –literalmente– no reconocen antecedentes en la historia argentina, y que perjudica la posibilidad de construir una vida digna a millones de personas.

Y la corrupción sistémica fue parte de este proceso, agrediendo instituciones básicas del Estado de derecho con la excusa implícita de ser el sustento financiero del proyecto “liberador”.

La educación es el eslabón esencial entre presente y futuro, en especial para los más pobres, para quienes es la herramienta básica que permite romper los condicionantes que reciben de su cuna. Los datos demuestran claramente el daño causado a lo que debería ser la bandera del pensamiento progresista, al priorizar los derechos de las corporaciones gremiales por encima de los de niños y jóvenes más pobres, y tomando opciones –como el rechazo al concepto mismo de calidad educativa o su relación con el trabajo– que han cristalizado la mediocridad y exclusión de todo el sistema.

Es tan fuerte este proceso de deseducación masiva que cabe preguntarse cuánto hay en ella de una decisión que prefiere consolidar la pobreza como sustento político de su proyecto antes que promover el progreso como aspiración colectiva de superación social.

Esta larga y deprimente descripción de los deterioros generados por el kirchnerismo en los últimos 20 años muestra la profundidad de las decisiones que deberemos afrontar, y que exceden lo que aparece como más crítico: la resolución de la inédita crisis económica. Más aún, la historia demuestra que, de no resolverse estos condicionantes estructurales, ninguna alquimia podrá sacarnos definitivamente de la pobreza estructural que nos abruma.

Administrar la relación armónica entre el presente y el futuro será uno de los mayores desafíos para nuestros líderes, sobre todo cuando las restricciones, expresadas en especial en los niveles y causas de la pobreza que hemos mencionado, son tan importantes como las que deja el kirchnerismo.

Tales obstáculos pueden paralizarnos o servir como un camino al futuro si es que tenemos decisión y consistencia en las reformas, y podemos rescatar la necesidad esencial de superación que existe aún en nuestra sociedad.

Por eso es tan importante adoptar, en el pensamiento y en la acción, el concepto de desarrollo como eje de nuestra recuperación, proponiéndonos consolidar un proceso en el que tengamos metas explícitas generales y sectoriales, y en el que cada etapa histórica se convierta en un potenciador de la siguiente.

Saber adónde se quiere ir, plantearlo, asumir compromisos, tomar decisiones profundas que los confirmen, incluida la derrota sin atenuantes del populismo, se convertirá entonces en un contrato que dará viabilidad aun a las decisiones más difíciles.

Pero el esfuerzo vale, porque la recuperación de las ideas de futuro y desarrollo ha de encontrar el apoyo de millones que han sido las principales víctimas de esta demagogia que aniquiló los sueños de progreso de quienes anhelan ser o mantenerse en la categoría aspiracional de clase media. Para ellos ya estamos trabajando.