El Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos del Gobierno de Catamarca esta cometiendo una flagrante falta administrativa, que en caso de concretarse, eventualmente podría tener connotaciones de carácter penal. Nos referimos al "Concursos de Precios, Modalidad compra determinada" que por estas horas está llevando adelante el citado ministerio, perteneciente al organigrama del Poder Ejecutivo Provincial, al frente del Licenciado Raúl Jalil, quien se encuentra de licencia por estar de vacaciones por estos días.

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En efecto, el día martes salió publicado un llamado a licitación, muy llamativo, y al mismo tiempo muy ilustrativo de la gravedad de los hechos que están sucediendo en la provincia de Catamarca, a nivel gubernamental. No hay casi licitaciones y las que se generan y publican, tienen irregularidades manifiestas, indicador claro que más que licitación pública es un "traje a medida" para concretar una operación inmobiliaria puntual, donde están en juego nada más y nada menos que la escalofriante suma de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000.-)

Es oportuno rescatar alguna idea conceptual del significado y trascendencia que tiene el instituto de la licitación pública en el derecho administrativo argentino, por cuanto esta en juego el interés público y la selección de quienes contratan con el Estado provincial debe ser un mecanismo trasparente y ajustado a derecho, es decir cumpliendo las norma de procedimiento que rigen la materia. Para observar todas las irregularidades basta con leer el Anexo, que aquí abajo agregamos a manera ilustrativa:

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En el modo de selección de contratistas, los entes públicos, en el caso el Ministerio de Trabajo, en ejercicio de la función administrativa debe procurar cumplir con el principio de igualdad, es decir que el pliego debe tener la suficiente versatilidad para que los oferentes sean muchos. En este caso es un solo, ya que en ese polígono solo existe un terreno con esas características, de ahí el "traje a medida". Caso contrario debe interpretarse que esta expresamente dirigido, como sería el caso de marras. Basta observar la publicación para advertir la grave irregularidad que se está cometiendo, ya que la licitación en cuestión es para adquirir terrenos y las condiciones son 8,25 ha como mínimo y en un sector que hay en esas condiciones un solo oferente. Y es justamente éste detalle el que acerca la cuestión al derecho penal y lo aleja del derecho administrativo, ámbito donde también se observan graves irregularidades que cualquier juez en la materia contencioso administrativo derribaría casi con seguridad.

El lector, con razón se podría preguntar: ¿Cuáles son los principios de la licitación pública? Y nosotros desde esta pequeña tribuna de doctrina jurídica/política, podemos ensayar una respuesta, que aunque mínima y básica, le será de gran ayuda: Los principios básicos de la licitación pública son la publicidad (viciada), igualdad (viciada), concurrencia (viciada, justamente por la falta de igualdad). En el caso, se violan flagrantemente los tres principios. En la licitación pública en análisis, existe una clara violación del principio de publicidad, toda vez que el llamado fue publicado un solo día (el día martes 7) y 3 días antes de la apertura con un feriado en el medio, que fue ayer, causalmente el Día del Milagro. Precisamente en la bases de contratación no hay ningún milagro sino una compra directa totalmente viciada, es decir nula, que podría rozar una probable conducta delictual.

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Todo a dedo y nadie hace ni dice nada. Es cierto que hay un vaciamiento de los recursos de la Salud Pública pero también es cierto que se hacen este tipo de licitaciones publicas en las narices de todo el arco opositor, que parecieran estar en babia mientras un grupito de traviesos se hacen un negocio colosal. En otras palabras, siguen durmiendo o los durmieron. Reiteramos, el gobierno provincial se apresta a desembolsar una suma millonaria de pesos, basándose en un acto administrativo manifiestamente nulo, con el gobernador paseando por Europa, y resulta necesario detener en forma urgente, por cuanto el daño a las arcas publicas será irreparable.

Pareciera ser que el llamado a licitación es una pantalla para despistar a desprevenidos, pero tiene tantos vicios legales que uno puede pensar que quienes nos gobiernan son brutos que creen que todos somos de la misma condición. Pero no se hagan ilusiones, no creemos que sean brutos, sino otra cosa mucho más grave, por aquello del "traje a medida", que en el derecho penal se denomina dolo, porque la cuestión se esta haciendo "a sabiendas".