El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas llevó a cabo este jueves y viernes pasados en Salta, su decimosexta reunión, oportunidad en la que, tanto en comisiones como en plenario, abordó diferentes ejes vinculados a esta problemática social.

La sesión se llevó a cabo en la sede local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, en la calle Mitre al 900, a pocas cuadras del casco céntrico, con la participación de integrantes del mismo Consejo y de autoridades invitadas.

Las dos jornadas se realizaron bajo la dirección del secretario de Justicia de la Nación y coordinador nacional del Consejo Federal, Juan Martín Mena. En el acto de apertura estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo provincial, Ricardo Villada; la secretaria de la Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, Itatí Carrique; el subsecretario de Política Criminal de la provincia de Buenos Aires, Lisandro Pellegrini; el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Pablo Barbuto; y la coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Asistencia a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, Zaida Gatti, entre otras autoridades.

En representación de la Procuración General de la Nación, participaron la fiscal Alejandra Mángano, integrante del Consejo y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX); María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) y el fiscal general Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, entre otros y otras funcionarias.

Al abrir la sesión, los distintos expositores reconocieron los graves efectos del delito de trata, ya sea con fines de explotación sexual o laboral, resaltaron los avances obtenidos en la lucha contra esta modalidad delictiva y mencionaron los objetivos aún pendientes.

El Consejo reconoció de manera formal la trayectoria de la consejera Graciela Collantes, fundadora de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos y sobreviviente del delito de trata.

En ese marco, la fiscal Mángano se refirió a lo tratado en la Comisión de Bienes Incautados. “Se ha logrado llegar a conclusiones y avances muy concretos, entre los cuales se estableció la firma de un reglamento del Consejo a fin de resolver el destino de los bienes remanentes obtenidos y decomisados en los casos de trata de personas”, sostuvo.

En tal sentido, destacó la decisión arribada tendiente a la confección de una serie de pautas, a modo de guía de buenas prácticas, que permita una administración “eficiente de los bienes durante el proceso penal. Estas pautas son muy importantes para, llegado el momento de reparar a las víctimas, los bienes no estén destruidos, compactados, ni se hayan perdido”.

Otros objetivos

En relación con el trabajo a futuro, en tanto, señaló la necesidad de “acelerar el pago a las víctimas, la implementación correcta del fondo [de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas]durante este año, siendo que recién se puso en práctica en febrero pasado”.

Desde la Comisión de Investigación y Persecución Penal, que también integra, Mángano resaltó el debate dirigido a optimizar la tarea investigativa. “Trabajamos fuertemente en facilitar la creación de equipos conjuntos, tanto a nivel internacional a través de Cancillería, así como a nivel local, entre las fuerzas, los ministerios públicos provinciales y federales”, afirmó en consonancia con la premisa de cooperación contemplada por el Código Procesal Penal Federal (CPPF).

Mena, por su parte, puso de relieve la realización de la primera restitución a una víctima en el marco del pleno funcionamiento del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. “A partir del trabajo articulado entre el Estado nacional y las provincias se logró hacer efectiva la primera restitución a la víctima de una causa de trata de personas en Santiago del Estero. Y esto fue posible gracias a la enorme colaboración de todos los organismos que acá intervienen, especialmente a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y a la PROTEX”, resaltó.

El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas está previsto en la Ley 26.842 del año 2012. Su funcionamiento se formalizó a través del acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) alcanzado en octubre de 2021.

La declaración final del XVI Consejo Federal reconoce los beneficios del sistema acusatorio, tanto en la persecución penal como al momento de articular las acciones reparatorias a las víctimas.

El fondo está integrado por los bienes recuperados de los delitos de trata, explotación de personas y lavado de activos provenientes de esas actividades ilícitas y constituye una vía destinada a brindar una asistencia económica a las víctimas de trata y explotación.

Villada, en tanto, celebró la dimensión que tiene el Plan Bianual elaborado por el Consejo Federal y reconoció a la trata como un delito que “castiga a todo el país, pero, particularmente, a las provincias que tienen características especiales y Salta es una de ellas”, por lo que concluyó en la necesidad de trabajar de manera federal y articulada contra esta problemática.

Sistema acusatorio

En el cierre de la sesión, se propuso y acordó resaltar en la declaración final del XVI Consejo los beneficios del sistema acusatorio, tanto en la persecución penal como al momento de articular las acciones reparatorias a las víctimas.

La propuesta, resaltada de manera unánime por los consejeros, surgió a partir de la exposición realizada por el fiscal Villalba, quien se refirió a la tarea de la Unidad Fiscal Salta frente a estos delitos, que permitió resultados nunca antes obtenidos, tanto a nivel local como nacional.

El fiscal general recordó hechos en los que se llegó a condenas en un breve lapso, como también la reparación económica a víctimas con sumas de hasta un millón de pesos. Puntualizó un caso en el que se logró el decomiso de una casa en la que funcionaba un prostíbulo, donde ahora una ONG local realiza tareas de rescate de víctimas de trata.

Villalba repasó los graves sufrimientos padecidos por las víctimas y destacó la tarea del Ministerio Público Fiscal, en el que recae toda la obligación del Estado en la persecución de este delito.

Explicó que esa tarea, en el caso de Salta y Jujuy, donde rige el CPPF, se ha visto favorecida tanto por la actualización de las normas y herramientas procesales, como por el gran esfuerzo que llevan a cabo los fiscales y las y los operadores de la Unidad Fiscal.

En el debate final se votó a favor de la moción realizada por la fiscal Mangano a fin de que el Consejo reconozca de manera formal la trayectoria de la consejera Graciela Collantes, fundadora de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos (AMADH) y sobreviviente del delito de trata.

La propuesta fue el momento emotivo de la jornada y recibió el aplauso de las y los participantes. El Consejo escuchó en primera persona los padecimientos vividos por Collantes, quien también reveló los esfuerzos realizados para salir adelante y convertir su lucha en ayuda para otras víctimas de trata.