Opinión

¡Exprópiese! ¿En Venezuela? No, en Catamarca ¿Maduro? No, Jalil

Editorial

Parece mentira pero es real. Todos recuerdan al dictador venezolano cuando cada día, en sus largos discursos populistas despertaba la modorra de Latinoamérica con sus diatribas y el clásico ¡Exprópiese! Para tener una idea cabal del accionar de los dictadores Chávez y Maduro, entre 2005 y 2017 expropiaron o confiscaron 1359 empresas o propiedades privadas. ¡Un disparate!

Un disparate es que un gobernador de una democracia provincial, a esta altura supuesta, como es Raúl Jalil, tenga en su haber la friolera 43 proyectos de expropiación, de los cuales, muy pocos tienen justificación legal en el instituto denominado por la ciencia jurídica como “utilidad pública”, siendo el más visible y justificado de todos, la expropiación de los terrenos para construir la Represa de La Herradura. Los demás proyectos, son vidriosos, por no decir algo más grave, ya que no existe utilidad pública y se avasalla el derecho adquirido del propietario violando sistemáticamente la garantía de rango constitucional como es la defensa en juicio, constituyendo los hechos que narraremos, un claro comportamiento de abuso de poder.

Se trata de la famosa “manu militari” expresión que se utiliza en los regímenes dictatoriales liderados por militares, que atropellan y avasallan derechos y garantías constitucionales sin sanción de ningún tipo. Pero… ¿En un gobierno constitucional? Sí, del mismo modo procede el dictatorial gobierno de Raúl Jalil, el que disolvió el Consejo de la Magistratura de un plumazo, entre otras arbitrariedades, con el siguiente procedimiento: le hace saber a los propietarios de campos que tuvieron algún plan de diferimiento impositivo, que su fundo o propiedad ha sido declarada de “utilidad pública” y presentan el proyecto en la Legislatura Provincial, que funciona como un buzón o escribanía, ya que no hay parlamento de diversidad política, no hay minorías que sean escuchadas, sino imposiciones de todo tipo y color. De ahí que cabe calificar el sistema local de pseudo democracia o democracia de formas.

Para colmo, tienen el enorme respaldo de una oposición boba que le hace el juego en nombre de la democracia y de los contubernios electorales, sólo levantan la mano para votar en contra y jamás levantan la voz en los grandes medios de comunicación y menos hacen la denuncias y si las hacen, después las negocian para llevar agua a su propio molino, abandonando al ciudadano a su suerte. Eso es Catamarca. Eso es su gobierno, eso es la politica, oficialismo y oposición. Lamentable.

Es patético que muchos de esos proyectos tuvieron un trámite irregular desde el arranque, cuando alguna inmobiliaria que administra bienes de testaferros del poder, toma conocimiento de una posible venta a través de una cotización o valuación que legítimamente pide el propietario, hecho que indica la intención de enajenar su propiedad. Y ese es el principio del fin para el propietario, su derecho a la propiedad y más grave aun, para el orden jurídico constituido. Al tener un Poder Judicial colonizado por el poder político, reina la impunidad más absoluta, porque los ejecutores saben que sus conductas anti jurídicas no recibirán sanción alguna. Con el voto, la sociedad en parte, es responsable de esta penosa realidad.

Es ahí que el gobierno de Jalil a través de alguno de sus ministros, son 16, toma nota de la intención del propietario, busca en el listado de los diferimientos impositivos, lo pinta de amarillo, determinan los incumplimientos, hacen los cálculos de la multas e informan al propietario que su finca no vale nada, o mejor dicho le notifican que el valor de las multas actualizadas supera el actual valor del campo.

En el punto, todos sabemos que existe un procedimiento administrativo, traslado, intimaciones, caducidades, excepciones, prescripción de la acción, doble instancia, alzada, apelación, Corte de Justicia, etc. Todos conceptos de los derechos, administrativo y procesal civil, ignorados por el poder.  Casi con seguridad que todos los reclamos que pretende el gobierno aplicar sobre los recurrentes propietarios están prescriptos, sin embargo siguen expropiando sin que exista causa de utilidad pública, para luego venderle el fundo a algún amigo o testaferro y más grave aun compensando valores con pretensiones jurídica que quedaron sin valor por el simple hecho del paso del tiempo, algo que en derecho se denomina prescripción.

La situación jurídica es grave. El derecho a la propiedad esta pisoteado y menoscabo por prácticas propias de gobiernos dictatoriales. El estado de derecho se ha esfumado en la nebulosa de la sinrazón. Lo raro de la situación es que quien vapulea los derechos, es un empresario de neto corte capitalista, propietario de una cuantiosa fortuna en la que prima el derecho de propiedad.

Sucede que el gobierno de Raúl Jalil se ha extralimitado en sus funciones ejecutivas y lejos de ejercer la administración de la cosa pública con criterio de razonabilidad, conforme al orden instituido por las leyes que reglamentan el ejercicio regular de los derechos, el gobierno dicta resoluciones, declara utilidad pública, violenta el derecho constitucional de defensa en juicio y despoja arbitrariamente propiedades con argumentos pueriles, carentes de sustento factico y jurídico que rozan las actividades delictuales, algo nunca visto en toda la historia de Catamarca. El clásico abuso de poder, en pleno siglo XXI y con un sistema de gobierno republicano.

De este modo Raúl Jalil acumula una serie de hechos gravísimos, como permitir la operación de fuerzas parapoliciales en Andalgalá; el desvió del curso del Rio Los Patos por decreto y ahora la expropiación de fundos privados sin causa de utilidad pública comprobada, que notoriamente se apartan de la ley, violando derechos y garantías, nacionales y provinciales. Si su conducta es delictual lo determinará un juez de la materia. Desde el punto de vista de la función, existen sobrados motivos para pedir el juicio político del gobernador Raúl Jalil, pero nadie está dispuesto, desde la oposición a poner el cascabel al gato, simplemente porque son socios o cómplices, no existe otra explicación. Es importante que la sociedad tome conciencia de la calidad de de sus gobernantes y en la próxima elección, procedan en consecuencia.