La nueva determinación de deuda de Minera del Altiplano (Livent) a la provincia de Catamarca por subfacturación, abrió la puerta a un nuevo escándalo y más interrogantes, en esta oportunidad, a partir de los datos enviados por el ARCA al diputado Alfredo Marchioli quien destacó que lo que se está haciendo desde la oposición es “defender los intereses de los catamarqueños, logrando recaudar lo que el gobierno anterior y el actual no pudieron controlar ni fiscalizar, es la primera vez que el gobierno controla las exportaciones de litio”.

“De una semana a la otra, por la presión que estamos ejerciendo, aparecieron 70 millones de pesos más, hoy hay 200 millones, el doble de lo que había anticipado el gobierno” comenzó explicando el Diputado tras enfatizar una vez más que “la deuda es más de 200 millones, sin aplicar intereses y multas”.

En este marco, Marchioli apuntó al ARCA para exigirle que incluya los periodos y deudas no prescriptas, “desde 2015 cuando se firmó el contrato entre el gobierno de Corpacci y Livent”; realice las determinaciones y aplicación de intereses y multas en dólares estadunidenses en lugar de pesos argentinos para conservar el valor del mineral y evitar que la devaluación beneficie a la empresa; y que aplique la máxima multa posible, que en estos casos puede llegar al 500%, cinco veces más adicionales a la deuda de $200 millones. “Estamos hablando de más de $1.000 millones de pesos, el equivalente a un barrio de más de 150 viviendas” subrayó Marchioli.

Sosteniendo que el proceso desde el principio “fue poco serio”, el Legislador aseveró tener “desconfianza sobre el contralor del gobierno, por conflicto de competencias e incapacidad técnica”.

“Hoy minería no controla las regalías y el ARCA dice que solo colabora viendo las declaraciones juradas, cuando la normativa vigente establece que es esta institución la autoridad de aplicación en la determinación, fiscalización y recaudación de regalías” arremetió el Legislador tras recordar que en diputados, el bloque de la UCR se observó y advirtió los perjuicios institucionales y económicos que generaría a la provincia ciertos acuerdos.

De acuerdo con lo manifestado por el Diputado “es inconcebible que la empresa minera sea considerada con privilegios cuando un ciudadano o contribuyente catamarqueño recibe multas inmediatas por la no presentación de declaraciones juradas, mientras Livent, recibe condonación de sanciones, en claro incumplimiento a la normativa vigente, al sentido común y a la defensa de nuestros recursos minerales”.