Opinión

Las graves consecuencias de la inoperancia judicial

Editorial

Estos días estamos asistiendo a un triste espectáculo cuyos actores principales son los jueces, fiscales y abogados. La función representa al publico en general y a la opinión pública, como un entretenimiento, que lejos de ser divertido, resulta lastimoso y hasta penoso, por las consecuencias que está acarreando en numerosas familias, que se encuentran al borde de la desesperación, por haber perdido todo. Nos estamos refiriendo específicamente a las bandas de estafadores que asolaron nuestra provincia ante la mirada distraída de los gobernantes de turno, cómplices por omisión, del triste y penoso espectáculo. Como dijo un abogado, te estafaron desde su casa y la justicia los devolvió a su casa para que sigan estafando. ¡Ridículo!

Nadie sabe a ciencia cierta que es lo que investigan los jueces y fiscales federales con respecto a Edgar Adhemar Bacchiani y Edgardo Bulacio. Básicamente, el Estado Nacional, el Estado provincial, los estados municipales, los pequeños inversores y ahorristas estafados, la sociedad en general y los ciudadanos de a pie, necesitamos saber quienes fueron además de los responsables de la estafa piramidal, que ya lo sabemos, los peces gordos que acompañaron y fogonearon el mayor desastre financiero de toda la historia de la provincia de Catamarca.

Señor Juez, señor Fiscal, es necesario conocer los listados de todos, quienes invirtieron, quienes cobraron y quienes no. En donde se aplicaron los fondos; cuánto dinero se aplicó a la cadena de bloques de las criptomonedas; cuánto se gastó en autos de alta gama, cuanto se invirtió en propiedades, cuantas sociedades se constituyeron y con qué fines. El pueblo quiere saber se hubo lavado de dinero y activos como se sospecha.

Es lógico que la oposición yerre el camino, por cuanto es casi seguro que los intendentes «inversores» colocaron dinero por fuera del sistema. El asesor de gobierno ridiculiza la intención de la oposición de conocer el estado de origen de los fondos, pero Fernando Ávila no se expide de los mamarrachos procesales de la Justicia Federal. Se sospecha de grandes inversores que colocaron enormes sumas de dinero, de curso legal y de dólar billete estadounidense, pero que cobraron antes. Si la Justicia Federal no investiga la aplicación de fondos, además del origen, es por alguna razón desconocida u oscura. Es decir porque son cómplices y en cierto modo casi que podríamos decir que  podríamos estar frente a un presunto encubrimiento agravado.

Lejos de llevar claridad o enviar mensajes de transparencia a la sociedad y a la opinión pública, la Justicia Federal y el Ministerio Público son confusos, poco serios y sumamente desprolijos. Con sus acciones, contrarias a derecho, lo único que hacen es confundir más a la población, en especial las familias perjudicadas por un accionar que debió ser interrumpido mucho antes por el Poder Ejecutivo provincial. Su reacción fue tardía y cuando el daño ya estaba consumado.  Se observa claramente que existe una connivencia que roza lo fraudulento, entre la aplicación de ley penal y los oscuros intereses del poder político, con una pregunta obligada ¿Por qué?

Por último, los inoperantes, los que administran justicia de la peor manera, debería comprender que su inoperancia tiene graves consecuencias. Si bien es cierto que nadie puede alegar su propia torpeza, también es cierto que la falta de educación de la población es alarmante, por los incautos que cayeron en las garras de los estafadores y por las consecuencias silenciosas que se producen en la vida de las persona y en las entrañas familiares.  Una estafa colectiva de estas características unida a una justicia inoperante puede transformarse en tragedia humana, cuando las victimas advierten que nunca recuperaran el dinero invertido. Las escenas desgarradoras de familias enteras destruidas, serán moneda corriente, si no se pone orden en las causas de las estafas piramidales, como corresponde a la ley, el derecho y la justicia.