Mientras se siguen descubriendo actividades financieras no autorizadas, que se suman a las más conocidas, ADHEMAR CAPITAL S.R.L. y RT INVERSIONES S.R.L., con sus responsables "presos" en su domicilio, en el caso de Bacchiani y sin esposas visibles en el caso del matrimonio Nieva/Bulacio, se siguen conociendo nuevos casos, bancos y financieras truchas y estafas piramidales, en cadena y en cantidades, cuestión que hace tomar real dimensión del tamaño de los problemas de la gente. Mientras eso sucede, el máximo responsable político de la provincia, se hace el distraído.

Raúl Jalil creer estar convencido de haber actuado bien, al denunciar tardíamente las actividades financieras ilegales. Lo cierto es que toda esta dolosa captación de dinero del publico con promesas falsas de prestaciones futuras, léase en tasas exorbitantes que no existen en ninguna parte del mundo o adquisición de bloques para participar en criptomonedas, que no fue otra cosa que "el cuento del tío", se le fue de las manos hace mucho tiempo y no pueden hacerse los distraídos.

En una entrevista reciente, periodistas le preguntaron al primer mandatario provincial qué opinaba sobre la situación de las estafas financieras de criptomonedas en Catamarca y respondió con una liviandad asombrosa.. "Yo ya lo dije... Yo fui el que la denuncié, el que hablé... ¿Su hermano gobernador? "es un tema privado" (sic) , "la politica estuvo del otro lado". Lo cual no es verdad, porque mediante resolución administrativa, la Dirección General de Rentas nombró Agentes de Retención a Adhemar Capital S.R.L y a RT Inversiones S.R.L., con la firma de la CPN Linda Leticia Mutuan. No sólo eso, también efectuaron contrataciones directas que deben ser investigadas, aunque ya están probadas.

La Justicia Federal debe investigar la responsabilidad del gobierno provincial, del mismo modo que al gobierno municipal, con respecto a las actividades financieras ilícitas y al propio gobierno por haber contratado con ellas y por haber reconocido estatus impositivos sin el debido control de legalidad, lo cual es una falta grave de administración, porque implicó un reconocimiento expreso a las actividades defraudatorias. Aquí aplica el principio del derecho "Nadie puede alegar su propia torpeza". No se trata de torpes, estamos hablando de una estafa social en gran escala.

Del mismo modo que los extraños fondos rotatorios de los que dispone el gobierno de Jalil, y de los cuales no se rinde cuenta, pagaron contrataciones directa a José Armando Blas, socio de Edgar Adhemar Bacchiani. Existen pruebas fehacientes sobre "ordenes de compra"  N° 0661/2021 Fondos Rotatorio interno N° 5, Expediente EX 2021 00799338 CAT-MAEMA a la orden de pago a favor de José Armando Blas, por el alquiler de un camión sin operario marca Renault a un precio unitario $ 3.753.750,00, el precio total de la pre adjudicación fue de $ 14.012.250.- sería interesante saber si el juez o el fiscal Federal en la declaración indagatoria a José Armando Blas le preguntaron en qué consistió ese alquiler, desde cuando era proveedor del Estado, qué hizo el estado con ese camión, y muy importante saber en que contabilidad formal se registró el pago, en que cuenta corriente bancaria, a la orden de quien se hizo la transferencia bancaria. De la misma manera, el imputado Blas tendría que dar explicaciones acerca del destino que le dio a los fondos percibidos por el Estado. ¿La politica estuvo en otro lado? Si los denunció es porque sabía que realizaban actividades ilícitas. Es decir que el Gobierno de Jalil contrató en forma directa con un financista al cual denunció por realizar actividades ilícitas. EL DESVIÓ DE FONDOS PÚBLICOS, MILLONES DE PESOS A LA BANDA DE BACCHIANI ESTA PROBADO. Que la Justicia y el Poder Ejecutivo lo nieguen, es otra cosa. 

Así lo indican las constituciones de sociedades con objetos ilícitos, que nacieron no solo durante el gobierno de Jalil sino que viene desde el Gobierno de Lucía Corpacci. Catamarca siempre tuvo en el delito de usura una actividad febril, pero esto de las estafas piramidales en masa se ha transformado en un despojo colectivo y la familia del gobernador, y el gobernador mismo, no han sido ajenos a la movida y no deben hacerse los distraídos porque son parte esencial del problema.

Del mismo modo que lo es el gobierno Municipal de Gustavo Saadi que habilitó varios locales llamados "financieras" a titulares que nunca pudieron justificar que en esas locaciones se realizaban actividades licitas o desarrollaban sus negocios sociedad comerciales con objeto social prohibido por las leyes y reglamentaciones vigentes. Lo mismo ocurrió con el local comercial WIKA donde fue publico y notorio que la locación era administrada por Edgar Adhemar Bacchiani. Ese local tiene que haber sido habilitado por la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca a cargo de Gustavo Saadi, cuya administración tiene la obligaciones de efectuar el control de legalidad de las sociedades que solicitan habilitación comercial. Del mismo modo Saadi debería dar explicaciones sobre las habilitaciones de RT Inversiones S.R.L. y Beta Bank, que osaba utilizar una denominación cuasi bancaria para confundir más a los ahorristas e inversores.

Los políticos en el poder deben hacerse cargo de sus acciones, no hacerse los distraídos y mirar para el costado. Son los principales responsables del descalabro financiero de Catamarca, por cuanto no han fiscalizado adecuadamente las actividades financieras ilícitas, han contratado con ellas en forma directa y han habilitado sus locales "comerciales", sin hacer el correspondiente control de legalidad.