Policiales

Brutal represión policial en el Distrito de Choya, Andalgalá

El peor escenario de violencia propiciado desde el Gobierno de Raúl Jalil ocurrió anoche. Comenzó con un atropello que constituyó en una gravísima situación que padece el Distrito de Choya desde hace más de dos meses, a partir de los daños descomunales que la empresa Agua Rica y/o Mara, Yamana Gold,  llevada a cabo en las nacientes del río de Choya.

Asambleístas denunciaron la brutal represión con balas de goma por Parte de la Policía de la provincia de Catamarca, privando la libertad de Karina Orquera de manera brutal y violenta. La represión que incluso privaciones ilegitimas de la libertad, represión con balas de goma que hirieron a numerosos defensores del agua y de la vida, mal denominados por el Gobierno de Jalil como «antimineros».

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Las fotos y videos son la prueba más elocuente de la impotencia del gobierno, empecinado en llevar adelante un proyecto que es inviable desde el punto de vista del impacto ambiental. Pero el caso es que ésta legitima protesta se relaciona con un desastre ambiental fuera de los limites del proyecto original de M.A.R.A., que es la construcción de una escombrera que afecta directamente el caudal y contamina el el agua del Distrito de la Choya.

Todo comenzó  con un atropello que constituyó en una gravísima situación que padece el Distrito de Choya desde hace más de dos meses, a partir de los daños descomunales que la empresa Agua Rica y/o Mara, Yamana Gold,  llevada a cabo en las nacientes del río de Choya, privándonos durante diez días de agua potable y para riego de nuestras plantaciones (único medio de subsistencia económica que tenemos en nuestra comunidad).

A raíz de esos episodios, la lógica y natural reacción de las Asambleas comenzó a ser más ostensible, por cuanto el daño empezó a ser palpable en la vida cotidiana de los vecinos. Protestar es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y mucho más cuando las acciones que permite el gobierno provincial son ilegitimas y ajenas al Estado de Derecho.

 

Dar una orden de reprimir desde el Ministerio Público es a todas luces ilegal y fue lo que ocurrió. Indicar que el conflicto se «inició en horas de la tarde en minas Capillitas», como lo hace un diario nacional, es en parte desviar la verdadera raíz del problema que generan las actividades ilegales de la empresas que pertenecen al proyecto M.A.R.A. y el Gobierno provincial que las permite. No hay dos campanas como quiere hacer creer Pagina 12/Catamarca.

Hay una sola campana y es la que hacen sonar los miembros de las cuatro Asambleas ciudadanas que defienden el agua y la vida por encima de cualquier intento de extracción de minerales a cielo abierto, desconociendo los informes históricos de impacto ambiental  que siempre recomendaron discontinuar el proyecto por la cercanía con la ciudad de Andalgalá y porque la Ley de Glaciares así no establece.

La citada Ley Nacional de Glaciares tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la ley busca: Preservarlos como reservas estratégicas de agua. Proteger la biodiversidad. Que es precisamente lo que incumplen las empresas mineras y el gobierno de Catamarca. Todo respaldado por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia que fue olímpicamente ignorado por Catamarca, incluso en forma vergonzante por el más alto tribunal provincial, la Corte Suprema de Justicia.

Un gobierno que carece de autoridad, recurre a la violencia y eso es precisamente lo que ocurrió ayer. Las imagenes de los videos y las fotos son más que elocuentes.

Es importante advertir «que somos vecinos de un Distrito gravemente afectados por el atropello e ilegalidad manifiesta que ejerce la minera de manera  permanente en su accionar, con la impunidad y complicidad que le otorga  el gobierno de Catamarca a través de despreciables asociaciones comerciales para repartirse la  renta económica del proyecto en cuestión, a través de YMAD, CAMYEN y Fideicomisos y, a su vez, pretende descaradamente constituirse en el contralor Ambiental de los Recursos Naturales que impactan con la actividad depredadora del extractivismo minero: vale decir que el gobierno con su acostumbrada corruptela se constituye en Juez y Parte de este despreciable negociado, que condena a la desaparición a toda nuestra Comunidad» expresaron desde la Asamblea de Choya.

Martín Camps, fiscal penal de la Segunda Circunscripción Judicial de Andalgalá, un funcionario de carácter transitorio, afín al gobierno, quien actúa en forma parcial, a quien le bajan línea, fue quien dio la orden ilegal de reprimir la pacifica manifestación. No hacen el concurso para cubrir el cargo porque un concurso abierto se le puede tornar inmanejable.

Cabe dejar constancia que el camino donde los vecinos hacen el escampe, no es publico, es una propiedad privada donde la dueña emitió ante una escribana publica, la autorización para el acampe; no hay problema con los mineros que bajan: ellos tienen libre tránsito. Lo que no se permite es al personal que sube, porque son los que están destruyendo el cerro, en forma ilegal, no sólo en la adyacencias de la obra principal, sino que ahora avanzaron en otros sectores distintos.

 

Galería de fotos, consecuencia de la represión policial