El hecho que lo acusa es el de permitir la existencia de dos vaciaderos clandestinos de basura ubicados al margen del Rio Salí, en los que se depositan residuos contaminantes del medio ambiente. Los peritos de Gendarmería Nacional fueron los encargados de demostrar que desde la Municipalidad se permitía el vertido de basura en forma indiscriminada en el lecho del río. Y además se detectaron una bolsas de color rojo que contenía residuos patógenos.

La denuncia y a posteriori la presunta contaminación ambiental generada por vaciaderos clandestinos de basura, ubicados en el Municipio de Banda del Rio Salí, en las márgenes del Rio Salí, desde el puente Ingeniero Oscar Barros hasta el puente Lucas Córdoba y en las inmediaciones del puente de San Andrés en Banda del Rio Salí, Tucumán fue materia de múltiples peritajes, que acreditaron la existencia fehaciente de delito ambiental.

Por esa razón, el nombrado Monteros,  como intendente de dicha ciudad, no podía desconocer la naturaleza de los residuos que se depositaban en los mencionados basurales. Su abogado planteó la nulidad de todo lo actuado por Gendarmería Nacional pero fue rechazado. Y el rechazo al planteo de nulidad habilitó la declaración indagatoria.

Fue así que tomó intervención la Fiscalía Federal y luego de la realización de una seria de medidas de carácter investigativos, el representante del Ministerio Público solicitó se cite a prestar declaración indagatoria a Darío Monteros, intendente de la localidad de la Banda del Río Salí, provincia de Tucumán, quien efectivamente prestó declaración, encontrándose pendiente de resolución su situación procesal.

Resulta muy interesante que en el requerimiento de indagatoria, el Sr. Fiscal Federal señala que al encontrarse los lugares presuntamente contaminados, "en las márgenes del Rio Salí, se genera una contaminación inter jurisdiccional, causando de esa manera un grave peligro para el media ambiente", señala textual el fallo, que más adelante explica y pone en superficie la desidia con la que los gobernantes tomas estas cuestiones.

En el repaso de las medidas sustanciadas durante la investigación, dice que primero intervino personal de Gendarmería Nacional Argentina, quienes mediante el informe constataron la existencia del basural ubicado desde el puente Ingeniero Barrios hasta el puente Lucas Córdoba, indicando sus características y solicitando la realización de un estudio geológico en la zona, medida para la cual se requerían herramientas específicas, como ser perforadoras para realizar pozos de monitoreo, maquinas que lamentablemente, no se encontraban disponibles ya que por ser muy antiguas estaban deterioradas. El Estado tiene interés, el ministerio interviene y los gobernantes miran para el costado. Lo justo sería que la Justicia Federal procesece al Intendente de la Banda del Rio Salí y lo haga penalmente responsable de delito de daño ambiental.