Ahora el lacayo Fernández anunció, por orden de la jefa suprema, que es necesario “establecer una discusión sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia”.

Fernández profundizó: “Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal”.

De nuevo a la carga con armar un bodoque superpoblado, dividido en salas y con competencias separadas (una idea delirante en términos constitucionales, provenientes de un alienado como Eugenio Zaffaroni).

Se trata de la respuesta del totalitarismo peronista (secuestrado por el cleptocrático kirchnerismo) al ejercicio del poder constitucional de control que la Constitución le concedió al poder judicial en general y a la Corte Suprema en particular para que sujete al poder político a obstáculos insalvables para que, con su acción, no pueda violar las libertades públicas y los derechos civiles.

Frente a la declaración de inconstitucionalidad de la ley que, con el sello de Cristina Fernández, reformó la composición del Consejo de la Magistratura (para que el “estamento” político de ese cuerpo fuera dominado por la “política”, es decir por lo que el kirchnerismo aspira a ser de modo hegemónico) la respuesta del totalitarismo es esta, la que ha tenido toda la vida, por otra parte: destruir al órgano de control.

Cómo no les gusta estar sometidos a ningún control (para ejercer como más le plazca lo que Tocqueville llamaba “la tiranía de la mayoría”) entonces derrumban, hacen desaparecer o tornan inocuos los órganos de control.

Casi como al pasar el presidente hablo del “servicio de justicia”. Fue el mismo concepto que utilizó uno de los talibanes mediáticos que el kirchnerismo había usado en aquellos años en que intentaba imponer la “democratización de la Justicia”. Me refiero al intelectualoide Mempo Giardinelli, que usó las mismas palabras para referirse al paradigma de lo que ellos desean para la Justicia: su conversión en un mero “servicio” social cuyo objetivo sea poco más que dirimir las cuitas entre dos vecinos que luchan por el derecho a la medianera.

Toda esta banda -con la comandante de El Calafate a la cabeza- intenta transmitir la idea de que el sistema de división de poderes es un esquema “antiguo”, derivado de la Revolución Francesa, al que hay que reemplazar por estar pasado de moda.

Se trata de un disfraz burdo y burro para ocultar un plan de impunidad, poder absoluto y pérdida de las libertades individuales.

En primer lugar, la señora Fernández, entre sus muchas ignorancias, confiesa desconocer que la democracia constitucional occidental no tiene su origen en la Revolución Francesa (que, en realidad, fue el primer intento fascista que conoció la humanidad) sino en movimientos incluso muy anteriores como fueron la Carta Magna de 1215, la Revolución Gloriosa de 1688 y la Revolución Americana de 1776.

Esas genialidades de la filosofía política advirtieron que el mero reemplazo del sistema absolutista de las monarquías por un esquema de elección popular, no suprimiría los peligros del despotismo (sino que incluso podía empeorarlos) si no se rodeaba a los gobernantes electos por los nuevos métodos democráticos de obstáculos y contrapoderes que evitaran que su tendencia a la expansión atrofiara las libertades y derechos reconocidos por las nuevas democracias constitucionales.

Por eso esos sistemas organizaron no un mero “servicio de justicia” sino un Poder Judicial con capacidad de controlar y limitar los poderes políticos. ¿Para proteger a quién? A los ciudadanos. ¿Y para protegerlos de quién? De personajes como los Kirchner.

Es de toda naturalidad, entonces, que esta lacra intente, por todos los medios, demoler esos poderes que fueron concebidos para limitarlos a ellos y para, paralelamente, poner a salvo de la tiranía a los ciudadanos.

Si esa tendencia a eludir molestos controles que les impiden el poder total es entendible en el mecanismo mental de cualquier delirante del poder, lo es más en aquellos que deben enfrentar, en los estrados de ese poder de control, severos juicios que podrían llevar sus propios huesos a la cárcel.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue constituido al solo efecto de producir en la justicia los cambios necesarios para que la emperatriz no termine presa y para desembarazar a sus futuras acciones del alcance de todo control.

Por supuesto que deben utilizar un envoltorio que contenga una excusa técnica tragable por un electorado que está más preocupado por comer que por cuidar su libertad. Por eso, entre otras cosas, persiguen instaurar la miseria: para que la gente tenga urgencias más materiales que las abstracciones contenidas en los derechos.

La idea adelantada por el lacayo Fernández de aumentar el número de miembros de la Corte y de dividir ese tribunal en salas por materia de entendimiento es completamente inconstitucional: la CN dice que el poder judicial estará integrado “por UNA Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores”. Para hacer de UNA Corte, varias “cortecitas” habría que reformar la Constitución.

La Constitución le dio a la Corte competencia para entender en todas las materias del derecho. Su división en salas según la cual una sala no puede decidir en los temas de entendimiento de otra sala es completamente exótica a la organización que surge de la Constitución.

Pero repito, esos tecnicismos no son más que cortinas de humo para distraer la discusión de fondo: avanzar en un esquema en donde el Poder Judicial deje de ser “poder” y pase a ser un “servicio” brindado por el Estado, como el recogimiento de residuos.

La señora Fernández aspira a que aquí haya un solo poder: el de ella, es decir algo propio de la organización del mundo en el siglo XII.

Va a ser muy interesante observar aquí el comportamiento de la oposición. Si en ese cuerpo heterogéneo priman posturas como las del impresentable radical Morales en la discusión por el presupuesto, las esperanzas puestas en ellos por una parte del electorado en las últimas elecciones se darán de bruces contra un paredón de hormigón.

Cómo en toda la historia del peronismo, el enemigo a doblegar es aquel que viene a imponer un límite a su poder. Para el peronismo el poder es solo uno: el de ellos. Pretenden vender la idea de que su poder es legítimo por el solo hecho de haber sido el fruto de una elección (cuando al mismo tiempo le niegan esa misma legitimidad a gobiernos que también fueron el fruto de la decisión popular pero que favorecieron a partidos distintos del peronista) y que eso es motivo suficiente para no tener que estar sujeto a ningún límite. Es más, que la pretensión de imponerles un límite es, por esa sola razón, antidemocrática.

Si la sociedad no entiende los palotes de este sistema y encuentra razonable la idea de que un gobierno elegido (siempre que sea peronista) no puede ser sometido a ningún límite, la democracia en la Argentina estará acabada.

Y acabará con la alegría de estar siendo plenamente democrática.

Carlos Mira