Los hechos fueron denunciados en mayo de 2011 ante el Ministerio Publico Fiscal, donde ciudadanos de la provincia de Tucumán pusieron en conocimiento que sus Documentos de Identidad fueron adulterados, consignando en estos un domicilio inexistente y sin que los nombrados hayan solicitado el cambio del mismo.

Los mismos constataron en las declaraciones que entregaron sus respectivos documentos a Brigido Adrián Roldan, candidato a Delegado Comunal del Distrito Nº 111, correspondiente a Simoca, quien les habría ofrecido materiales de construcción y planes sociales. El cambio de domicilio consignado en los documentos es de fecha de agosto de 1010, con firma y sello de José Carrasco Ayala, el que figuraba como Encargado Móvil del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas

Así, a Brígido Adrián Roldán se le imputó: “haber presuntamente adulterado los domicilios en los Documentos Nacional de Identidad, con la finalidad de cambiar la jurisdicción electoral de las personas dueñas de los documentos, y, así conseguir, en su favor, una ventaja electoral espuria en los comicios de agosto del 2010”, el cual el mismo niega la imputación que se le hace y manifiesta desconocer a Ayala como a las personas que lo denuncia por presunto autor del ilícito que se investiga.

Además, justifica que el domicilio “no forma parte de la identidad de las personas, por eso es que los interesados lo pueden modificar voluntariamente cuantas veces lo quieran”, según expresa el fallo.

En ese sentido, en 2019 se trabaron embargos sobre bienes suficientes de propiedad de Roldan y Ayala hasta cubrir la suma de $ 100.000 para garantizar la pena pecuniaria, costas procesales y responsabilidades civiles.

Recientemente, la Cámara Federal de Tucumán no hizo lugar a los recursos de apelación de la defensa técnica de ambos, confirmando la resolución de noviembre de 2019.