El artículo 33 del proyecto de Presupuesto fija en $ 80.086 millones “la suma destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley N° 27.260” (Reparación Histórica).

En el Presupuesto 2021 esa partida era de $ 91.277 millones. Representa una baja nominal del 12,3%. Pero si se considera la inflación oficial para el año próximo del 33%, en términos reales la caída se eleva al 34%, equivalente a unos $ 40.000 millones.

En tanto, la partida para las sentencias de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, que en 2021 era de $ 39.329 millones, para 2022 se eleva a $ 60.148 millones, un 52,9% nominales, superior a la inflación.

Así si se suman ambas partidas, en 2022 para las sentencias habrá un total de $ 140.224 millones, inferior a los $ 130.606 millones de 2021.

Como es de práctica en todos los Presupuestos, se autoriza al Jefe de Gabinete a ampliar esas partidas.

Por otro lado, también disminuye en términos reales la partida para las Cajas provinciales de jubilaciones no transferidas: el proyecto de Presupuesto la fija en $ 58.477 millones, cuando para este año el monto inicial era de $ 43.965 millones, pero luego fue ajustado a $ 56.064 millones. Un aumento nominal de apenas el 4,3% versus una inflación estimada del 33%.

Si bien hay menores pagos por los acuerdos de Reparación Histórica, este ajuste en el pago de las sentencias a los jubilados y pensionados de la ANSeS sobresale en el proyecto de Presupuesto porque a junio pasado, el organismo previsional tenía 78.845 expedientes de reajustes de jubilaciones y pensiones con sentencia firme pendientes de ser liquidados.

En tanto, el último Informe al Congreso del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, -en julio pasado- indicó que el stock de juicios de jubilados en trámite (por movilidad y otros reclamos) era de 268.998. Y el flujo anual de juicios iniciados contra ANSeS desde diciembre de 2019 hasta mayo 2021 era el siguiente: en diciembre 2019 sumaron 2.080; en 2020 son 14.126; en 2021 hasta mayo, 8.037.

A pesar de los pagos de sentencias, en torno del 40.000/45.000 por año, el stock juicios se mantiene desde hace varios años en torno de esas cifras. Es que, si bien la ANSeS paga todos los meses un promedio de 4.000 sentencias, por otro lado ingresan nuevos juicios y quedan firmes nuevas sentencias.

Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes. Pero eso no se cumple porque ANSeS abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional.

Luego del pico de demandas judiciales que se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema, casos Badaro (2007) por los menores aumentos otorgados entre 2002 y 2006 y Elliff (2009) –que ajustaron la variación de las jubilaciones y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial, desde comienzos de 2018, se agregaron nuevos reclamos.

Entre otros por la aplicación retroactiva del cambio de la movilidad previsional de fines de 2017, los aumentos por decreto de 2020 inferiores a los de la fórmula suspendida y reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas.

Ismael Bermúdez