La comercialización de su madera está bajo la mira de las autoridades desde hace años para evitar que ingrese en la categoría “riesgo de extinción”, según el Plan Estratégico Nacional del Ministerio de Medio Ambiente para la conservación de este árbol

Investigación Judicial

En julio, el juez federal Sebastián Casanello procesó a 14 personas por el presunto contrabando de 1.282 toneladas de madera de palo santo comercializados en 2013 por una empresa de Salta, una de las tres provincias argentinas donde crece este árbol (también se encuentra en Chaco y Formosa). Los acusados también fueron procesados por supuesta falsificación de documentos públicos que se habrían utilizado —según el fallo— para fraguar el origen real de la madera de palo santo.

Entre los acusados, hay cuatro exfuncionarios públicos procesados como supuestos "partícipes primarios" del delito de contrabando, tres de los cuales estuvieron “de los dos lados del mostrador” en distintas etapas de la maniobra denunciada: trabajaron para la empresa responsable del desmonte y, en otro momento, tuvieron cargos en la Secretaría de Ambiente de Salta.

La causa se originó cuando un técnico de la Dirección Nacional de Bosques procedió en enero de 2014 a corroborar la información de los permisos oficiales concedidos a las empresas que buscaban exportar la madera. El funcionario, según relató ante el juzgado en su declaración como testigo, pudo corroborar a través de un programa de imágenes satelitales que no había rastros de desmonte en la finca Las Colmenas, de donde supuestamente provenían estas 1.282 toneladas de palo santo.

“El uso y conservación de esta especie en Argentina está regulado no sólo por la Ley Nacional de Bosques Nativos sino también por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (CITES). A pesar de no estar en peligro de extinción, podría estarlo si no se controla estrictamente su comercio”, explicó Juan Pedro Cano, extitular de la Dirección Nacional de Bosques, entre 2017 y 2019.

En 2007, la empresa Tierra Vasca S.A. intentó por primera vez obtener los permisos para talar palo santo en la finca de su propiedad. Entonces, quien se ocupó de los trámites como ingeniero forestal de la compañía fue Gustavo Erico Paul. Ese mismo año, el intento fracasó debido a que las autoridades ambientales de la provincia de Salta no autorizaron la tala en la finca Las Colmenas, ubicada en el departamento de Orán. La compañía volvió a presentar la solicitud de tala cinco años más tarde, en mayo de 2012, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. Pero entonces, los roles entre privados y funcionarios se intercambiaron.

Paul, quien se había desempeñado como ingeniero forestal de Tierra Vasca S.A. en 2007 era ahora el secretario de Ambiente de la provincia de Salta; y quien se presentó como apoderado de la empresa ante la provincia fue Cristian Heraldo Gribaudo, quien en 2007 había sido funcionario de Ambiente de Salta y había participado de las audiencias públicas realizadas como paso previo a analizar la entrega de permisos.

Otra exempleada de Tierra Vasca S.A., Natalia Rageon, también pasó a ocupar en 2012 un cargo clave en el estado provincial: era directora general de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta.

La participación de estos tres exfuncionarios, según el juez Casanello, habría sido central para que la empresa Tierra Vasca S.A. consiguiera los permisos oficiales para comercializar la madera de palo santo, supuestamente adulterando el origen real de los árboles en los documentos. Además, ninguno de los dos funcionarios se excusó de participar en la aprobación de los permisos de tala de la empresa para la que habían trabajado cinco años antes, afirmó el juez en el fallo. El defensor oficial Gustavo Kollmann es el abogado de los entonces funcionarios Gustavo Erico Paul y Natalia Rangeon.

El 22 de mayo de 2013, el área de Medio Ambiente de Salta otorgó los permisos para que Tierra Vasca S.A. talara unas 3.000 hectáreas de bosque y utilizara esa extensión para ganadería y agricultura. Luego autorizó a la empresa a comercializar la madera de palo santo, según consta en el fallo judicial, que resalta que la inspección y el monitoreo del proyecto quedó en menos del área encabezada por el funcionario Paul, exingeniero forestal de la empresa.

La investigación judicial determinó que estos permisos de tala se otorgaron sin tener ningún respaldo técnico o documentación que corroborara qué cantidad de árboles se podían extraer de esa finca; sin inspeccionar en el lugar la existencia de los árboles ni la ubicación ni fechas de las tareas de tala.

Empresas investigadas

Son cuatro las empresas investigadas en este caso. Los permisos para desmontar y obtener la madera fueron solicitados entre 2012 y 2013 por la compañía Tierra Vasca S.A., que explotaba la finca Las Colmenas, ubicada en el departamento de Orán, en la provincia de Salta, donde debía realizarse la tala con el fin de cambiar el uso de la propiedad y aplicarlo a la ganadería, según informó la compañía ante las autoridades de Salta y consta en el fallo judicial.

Luego, Tierra Vasca S.A. vendió la madera a otras tres compañías que iban a exportarla: Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes SRL y Winner International SRL, que llegaron a trasladar la madera hacia distintos puertos argentinos para enviarla al extranjero. Sus responsables en este caso fueron procesados como presuntos co-autores de contrabando en tentativa.

Los trámites llegaron al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación cuando las tres empresas exportadoras presentaron la documentación sobre el origen de la madera para sacar del país las 1.282 toneladas que habían comprado a Tierra Vasca S.A. en Salta. En un primer paso, intervino el cuarto funcionario acusado en la causa, Eduardo Álvarez, quien no se desempeñaba en la provincia de Salta sino en el gobierno nacional y avaló los permisos en base a la documentación entregada por las empresas, pero el juez le reprocha que no corroboró cuál era el origen del producto forestal, según el fallo.

En enero de 2014, el proyecto llegó a la Dirección Nacional de Bosques. Un funcionario a cargo del control de la madera para exportación buscó constatar la información aportada por las empresas. Tras corroborar a través del análisis de imágenes satelitales de la finca detectó que no había rastros del desmonte autorizado. El funcionario viajó hasta la propiedad junto a otra inspectora oficial para comprobar la sospecha: los árboles de palo santo no habían sido talados en Las Colmenas, aseguró ante el juez.

Los funcionarios nacionales concluyeron que la madera que se quería exportar provendría de otros bosques, sobre los que Tierra Vasca S.A. no tenía permiso oficial para deforestar. En base a esa conclusión, la Dirección frenó la exportación de la madera y denunció la supuesta falsedad de la información que constaba en los permisos oficiales.

En 2018, tras varios allanamientos a cargo de la Policía Federal Argentina el juez del caso sostuvo que “la finca Las Colmenas fue utilizada como pantalla para justificar falsamente el origen de la madera que se pretendió exportar” y habló de “connivencia” entre los funcionarios públicos investigados y los empresarios.

Los procedimientos policiales permitieron el secuestro de documentos sobre la madera que estaban en poder de los empresarios e incluso de más cantidad de palo santo que estaba listo para su distribución en una finca que habría funcionado como depósito de madera ilegal.

Según el magistrado, “lo ocurrido aquí no se habría tratado de un caso aislado, sino que se enmarcaría en un esquema de actuación más amplio, sumamente organizado”, y que la “madera de palo santo” se originó “en la actividad de tala clandestina”, afirmó en el fallo.

Casanello también dictó embargos de bienes y dinero de los 14 procesados que, en el caso de las empresas investigadas, alcanzó los 430 millones de pesos, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares.