Policiales

Por el funcionamiento de un prostíbulo en Recreo, procesan a un camionero

Un nuevo caso: esta vez, de trata con fines de explotación sexual. El Juez Federal de Catamarca ordenó la prisión preventiva por infringir el art. 145 inc2 del Código Penal. El prostíbulo estaba en Recreo, Catamarca. Es común, lamentablemente, que todos los casos de trata llegan por denuncias de las víctimas sin que los propios municipios y las autoridades provinciales tengan una actitud preventiva y más efectiva especialmente en zonas rurales.

La denuncia fue hecha por la madre de la víctima en la Fiscalía Penal N° 2 de la Ciudad de Salta, quien sostuvo que su hija podría estar siendo víctima del delito de Trata de Personas. Posteriormente se realizó la investigación procedente que llevo a obtener la declaración testimonial de la propia víctima, quien narró que a principios de 2007 se fue a la localidad de Américo Pineda, provincia de Santa Fe, junto a una compañera para trabajar en el boliche llamado “Pantera”.

En dicho establecimiento, su compañera le presentó al camionero Fernández con el cual inicia una relación sentimental a efectos de convencerla y someterla a su voluntad para que vaya a trabajar a la whiskería “Las Vegas”, también conocida como “La Escuelita”, en la ciudad de Recreo, Catamarca. Allí debía compartir tragos con los clientes y tener relaciones sexuales con éstos. El imputado le quitó el celular y le expresó que no se podía ir del lugar a menos que pagase $50.000 por su libertad, recibiendo numerosas amenazas que si se escaba mataria a su familia, según indica el fallo.

Luego, Fernández, como obtenía poco dinero en dicho local, la traslada por 30 días a un boliche en Cruz Alta, en Córdoba, donde debía realizar el mismo trabajo. Una vez finalizado el mes la traslada al local “Tateti” en San Miguel, Buenos Aires, y por ultimo al boliche llamado “Chicholina” en Jesús María, en Córdoba.

Cuando se inició el proceso penal, los hermanos Nelssy Lidia Marchissio y Gustavo René Marchissio, ambos dueños del local denominado “Las Vegas”, y Miguen Ángel Palacios, encargado del mismo, fueron imputados por explotación sexual a la víctima entre los años 2007 y 2008 por el juez federal, José Camilo Quiroga Uriburu, quien los condenó el pasado 24 de agosto de 2017 a la pena de siete años de prisión.

Haber establecido una relación sentimental con su víctima, para luego someterla a su voluntad, representa alguno de los medios fraudulentos empleados por los tratantes para incorporar a las víctimas a la estructura de la trata de personas y luego mantenerlas sometidas y por ende, privándolas de comunicarse con otras personas. Como fue el caso de Fernández.