Parece mentira que en un par de renglones pueda enviarse un mensaje directo a la miseria tan consistente y eficaz.

Si un país quisiera asegurarse un futuro pobre y decadente no dispondría de una terminología más eficiente que la que utilizó el presidente.

Los países que descubren el secreto encanto de no contradecir la naturaleza humana siempre están en mejor posición de progresar que aquellos que se empeñan en contradecirla.

Conservar el fruto del trabajo y trasmitirlo a los hijos con independencia de lo que la absoluta libertad de disposición del bien propio le haya permitido hacer al dueño con lo suyo (i.e. dejar una tierra inexplorada por los años de los años), son dos de los derechos básicos que el hombre (sí así en genérico, como manda el idioma bien hablado) da por descontados y considera inalienablemente originados en el orden natural de las cosas.

Embestir contra esas convicciones del estómago -si es que se tiene la peregrina idea de llevar esa rebelión al derecho positivo- es un cheque directo a la indigencia.

El derecho de propiedad es un derecho fundante de nuestra república. Sin propiedad no hay sueños y sin sueños no hay futuro.

La sabia Constitución de 1853 atrajo millones de brazos e inteligencias a un desierto yermo y analfabeto por la vía de garantizar el irrestricto derecho de las personas a conservar el fruto de su trabajo lícito.

La conservación de lo propio es uno de esos instintos iniciales del ser humano. Nadie está preparado para que le arrebaten aquello que consiguió con su esfuerzo, con su creatividad y con su ingenio.

Insinuar que el Estado (es decir los funcionarios que se sientan en sus sillones) pueda echar mano de esos activos para redistribuirlos entre quienes no conocieron el esfuerzo de producirlos es enviar a la sociedad una señal inequívoca de que el esfuerzo, el mérito, el estudio y la innovación no tienen ningún valor en la Argentina.

Nadie dará el primer paso para lograr una mejor calidad de vida (es decir, decidir una inversión nueva, con dinero fresco que genere trabajo nuevo y buenos salarios) si el fruto de ese esfuerzo puede quedar bajo la espada de Damocles de la confiscación. Ésta quedó derogada para siempre del Código penal argentino según lo establece la propia Constitución.

Ya bastante ultrajado está el derecho de propiedad por el ataque incesante de la legislación impositiva que lo cercena y lo rebaja. También por el exceso de regulaciones que torna prácticamente ilusorio el ejercicio libre del derecho a tomar decisiones sobre los bienes propios.

Pero pasar ya a advertir que el gobierno podría estudiar mecanismos para quitarle la propiedad de tierras a sus dueños por considerarlas “improductivas” para entregarlas seguramente a quienes serán sobornados con fines electorales, supone una alerta mayúscula.

La Constitución parte del supuesto de que es preferible tomar el riesgo de que un número marginal de propietarios decida no explotar su tierra (para esperar que algún día, por ejemplo, la hereden sus hijos, como ha dicho el presidente de la República) a introducir un enorme desincentivo al progreso como sería poner la propiedad privada bajo amenaza. Si eso llegara a suceder el poco perfil que queda de la Argentina que conocimos desaparecería por completo.

En la suerte que corra el derecho de propiedad va envuelta gran parte de la suerte que corra no solo el nivel de vida de los argentinos sino su propia libertad.

En una colación de gobierno donde muchas cabezas tienen la temperatura de los termos calientes, echar a rodar esas alquimias con el solo objeto de agradar a quien lo escucha -como lamentablemente acostumbra a hacer el presidente- constituye una irresponsabilidad mayúscula.

Carlos Mira

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