La denuncia tiene como objetivo, entre otros, conocer los motivos por los que, y de acuerdo a dichos oficiales, no se llegó a firmar un acuerdo con el laboratorio Pfizer para la provisión de vacunas y si se reúnen elementos que podría implicar la comisión de un ilícito penal.

"El Gobierno no actuó con claridad ni transparencia en el manejo de las vacunas y terminó favoreciendo a algunos laboratorios amigos. El laboratorio de Hugo Sigman se vio claramente beneficiado", sostuvo De Marchi.

Sigman fue el socio local de AstraZeneca, en el contrato por 22 millones de dosis que recién empezaron a llegar en las últimas semanas. El escrito presentado se recuerda que el Gobierno firmó contratos para la llegada de 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría.

Y aseguran que el laboratorio Pfizer había ofrecido 13,3 millones de dosis de su vacuna y el fondo Covax de la Organización Mundial de la Salud hasta 25 millones de dosis de vacuna. "No se logró contar con esas ni con otras vacunas a tiempo", señala la presentación, firmada además por  los diputados Waldo Wolff, Álvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Steffani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide.

El Gobierno no actuó con claridad ni transparencia en el manejo de las vacunas y terminó favoreciendo a algunos laboratorios amigos. El laboratorio de Hugo Sigman se vio claramente beneficiado.

La denuncia también pide se investigue el comportamiento de funcionarios públicos que han negociado con laboratorios y han actuado, aparentemente, en forma incompatible con sus funciones, dando trato distinto y privilegiado a diferentes laboratorios que ofrecieron sus vacunas.

Y se precisa que el Gobierno privilegió y autorizó la venta de vacunas a laboratorios que tenían en la Argentina "socios locales", dejando fuera a quienes no los tenían (Laboratorio Pfizer). Y que Sigman se encuentra beneficiado con dos proveedores distintos de vacunas: Sinopharm y AstraZeneca.

La investigación buscará certificar si existieron negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes de funcionario público u otros delitos que reprimen los homicidios, la imprudencia, negligencia, impericia u otras penas por "asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito".

"El tema vacunas se ideologizó, en parte, y a su vez sirvió para algunos hicieran negocios millonarios, con condiciones de contratación no claras. Hubo secretismo desde el primer momento. Creemos que para evitar cualquier tipo de especulación política, debe llevarse adelante una investigación seria en el marco de la Justicia Penal Federal", señaló De Marchi.

El mendocino contó que uno de los testigos que deberá declarar será Santiago Cornejo, responsable del fondo Covax para América Latina, quien declaró que Argentina se había negado a recibir vacunas Pfizer desde pero luego se desdijo.

"Seguramente condicionado desde el gobierno argentino, intenta aclarar sus dichos. Pero no hay dos formas de interpretar lo que dijo. Esta grabado. También lo hemos ofrecido como testigo para que en sede judicial diga lo que tenga que decir", completó el mendocino.