La ley fue sancionada en 2017, la cual establece que las personas que sufren un delito tienen derecho a ser asesoradas, acceder a la justicia, recibir protección y a ser escuchadas durante el proceso penal y en la etapa de ejecución de la pena.

La norma establece además la obligación de coordinar las acciones necesarias para que las víctimas de delitos puedan ejercer sus derechos y poner en marcha mecanismos para que todas las autoridades prevengan, investiguen y sancionen los delitos.

"A cuatro años de la sanción de la ley de Derechos y Garantías de las personas Víctimas de Delitos celebramos lo que se ha logrado. Seguiremos trabajando para que los derechos de las víctimas sean efectivos y respetados en cada rincón del país", publico hoy el Observatorio de Víctimas de Delitos.

El informe incluye testimonios de padres de víctimas de delitos, que destacan la importancia de la sanción de la ley.

"Recién después de la sanción de la ley de víctimas se pudo hacer que esta persona se presentara a indagatoria y, después, seguir con las instancias posteriores que terminaron en juicio oral y la prisión efectiva de 3 años y 6 años de inhabilitación para conducir", relató José Luis Mendizábal, padre de Macarena Mendizábal, fallecida en abril de 2015, cuando fue embestida por un auto que cruzó un semáforo en rojo.

Otro de los testimonios, el de Pía Pérez, madre de Martiniano Figoli, atropellado en noviembre de 2019 por una ambulancia que circulaba sin luces, puso de relieve que la ley les dio "la posibilidad de que la causa esté activa y seguir cuáles eran las dificultades y los pedidos". "Hoy estamos esperando el juicio oral", completó.