Opinión

Algunas consideraciones acerca de la disolución y liquidación de YMAD

Editorial

La cuestión minera, lejos de tranquilizarse esta entrando en un estado de ebullición permanente que hará eclosión en varios frentes, producto de las erráticas y desordenadas políticas tanto de Nación como de las provincias. A ello debemos agregar el pobre sentido de oportunidad de sus gobernantes y asesores, que literalmente, se durmieron. Por lo pronto y a pesar de haber trascurrido casi tres décadas de la reforma de la Constitución Nacional, siguen existiendo figuras societarias que ya no debieran seguir funcionando tal como fueron plasmadas, por cuanto el fin para el que fueron creadas ha sido sustancialmente modificado.

Y ese precisamente es el caso de la sociedad del estado Yacimiento Mineros Agua de Dionisio, más conocida como YMAD S.E., cuya historia ya todos conocemos y que es necesario archivar y colocarla en los libros en forma definitiva, del mismo modo que a la sociedad. El revisionismo ha llegado a la minería, tanto que después de muchos años se descubrió quién era verdaderamente el farmacéutico Abel Peirano y cual era su cometido. Fue bioquímico pero no tucumano, vivió en Santa María pero no era catamarqueño sino porteño. Tampoco es verdad que haya descubierto evidencias metalíferas, sino que sus «hallazgos» ya habían sido descubiertos mucho antes por otros pobladores catamarqueños. Aun así, todas sus falacias sirvieron para interesar a las autoridades de la Universidad de Tucumán, que como era obvio, «compraron».

Por esos motivos, conociendo bien el paño y al farmacéutico porteño, existen sobradas razones para no escribir nunca más nada sobre las efloraciones superficiales de Farallón Negro ni otras historias de Fabricaciones Militares o del instituto de Geología de Jujuy. Lo unico prevalente y lamentable de ésta historia es que Peirano registró la propiedad del distrito minero a nombre de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), cuando el yacimiento tenia otros dueños, tal como lo acreditan los documentos de la época, dirigiendo su «exploración» hasta la zona minera de Aguas de Dionisio o Campo del Arenal, que tiene una superficie de 344 km cuadrados, aunque  para otros más reducida. Guarismos que ya resultan intrascendentes, pues todo pertenece a la provincia de Catamarca.

Aquellas circunstancias y no otras, constituyen la causa por la cual, la provincia de Tucumán es socia de YMAD, y porque durante años se llevaron las utilidades netas a otros estados, siendo imperdonable que esas utilidades las haya perdido la provincia de Catamarca desde el año 1994 en adelante. Los actuales legisladores, aun con una crisis terminal siguen en babia, salvo uno, el diputado Ávila que durante el año 2020 presentó un proyecto de certeza de la propiedad minera, que fue ignorado por la respectiva comisión.

Tucumán perdió sus derechos en forma definitiva con la Reforma de la Constitución Nacional, pero nadie – en Catamarca- se ocupó de ejecutar los efectos jurídicos de dicha reforma, que consistían y aun consisten en sancionar y promulgar una ley nacional, aunque otros expresen que la reivindicación puede nacer en Catamarca, que obligue a Tucumán a retirarse de pleno derecho de sus acreencias mineras en la provincia, sin derecho a ningún tipo de reembolso ni indemnización por aplicación de la norma constitucional «… Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».

Con la sanción de la Reforma Constitucional y la promulgación de la nueva Constitución Nacional por parte de la Asamblea Legislativa, por el nuevo artículo 124°, una Ley Especial del Congreso Nacional debería haber separado de los derechos patrimoniales y tenencias accionarias a la provincia de Tucumán y del propio Estado Nacional. Por si los lectores no lo recuerdan, las utilidades netas de la empresa YMAD S.E. se distribuyen entre la provincia de Catamarca que recibe el 60 %, la Universidad Nacional de Tucumán con un 20% y el restante 20% es destinado a las demás universidades del sistema estatal argentino. Consejo Inter Universitario Nacional. En rigor de verdad, en la actualidad éste último porcentaje no va a las universidades nacionales sino al Tesoro de la Nación. Desde el año 1994 todo estos recursos deberían haber sido exclusivamente de la provincia de Catamarca.

Bastaría hacer un balance de la utilidades distribuidas por la Minera La Alumbrera y todas las mineras ubicadas dentro del Campo del Arenal no al 60 % sino al 100 % y por diferencia, calcular todo el dinero que perdió Catamarca en 27 años. Muchos políticos son abogados, pero sin lugar a dudas que en todo éste tiempo no ha habido ningún abogado político que haya advertido semejante torpeza que ha perjudicado notoriamente las arcas públicas de la provincia. Una clara demostración que la democracia no coloca a ciudadanos preparados en la gestión de gobierno.

Salvo un diputado provincial, como lo indicamos más arriba, Hugo Daniel Ávila, efectuó un planteo concreto con respecto a la propiedad de los recursos mineros, tal como lo expresó en su cuenta de Facebook: «…debíamos desarrollar una acción judicial desde la provincia para que YMAD sea una empresa netamente catamarqueña con sede exclusiva en la provincia, ya que en la actualidad tiene oficinas en Buenos Aires, con empleados que son de la región del Amba que cobran altos salarios fruto de una empresa minera que es netamente catamarqueña». El proyecto de declaración de certeza de Ávila duerme en los cajones de los mediocres e inoperantes diputados, oficialistas y de la oposición.

Por esa razón, es necesario que el Congreso Nacional sancione una ley y que el PEN la promulgue, decretando la Disolución y Liquidación de YMAD, conforme lo establece el articulo 20 ° de la Ley 14.771, aunque no como se expresa allí sino adjudicando todo el patrimonio neto a la provincia de Catamarca, en razón de la norma constitucional, artículo 124° in fine que reza  «… Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».