Opinión

Los delitos ambientales y el accionar de la Justicia

Editorial

La experiencia latinoamericana de los tribunales ambientales ha sido muy mala. Chile por ejemplo, que tiene estadísticas trasparentes en general, no como nosotros que las ocultamos, donde hay muchas quejas porque la cantidad de casos ambientales se redujo sustancialmente y no hay prácticamente ninguna causa penal desde que ellos inauguraron sus funciones.

En Perú las quejas son interminables porque se persigue a los perejiles y no a los grandes contaminadores. En Cajamarca se pudo recoger de primera mano las quejas de los mineros artesanales que por cualquier tontera los fiscales ambientales los meten presos y a las grandes multinacionales (que impulsan estas acciones) les archivan cualquier denuncia.

En Paraguay los fiscales ambientales atacan a los hacheros que viven a duras penas de su trabajo artesanal y miran para el costado a las grandes empresas que depredan el bosque del norte paraguayo para proveer carbón a las siderúrgicas brasileñas. O Brasil, Venezuela, etc. Se ha concentrado la corrupción ambiental en muy pocos tribunales.

Consultada nuestra fuente acerca de ésta cuestión, nos indica que en Francia hace unos diez años se produjo un  encuentro en el que funcionarios de fiscalías ambientales franceses desecharon esa posibilidad porque entendían que el acceso a la justicia ambiental debería diseminarse en la cantidad de tribunales lo máximo posible y no concentrarse en pocos como ocurre en Latinoamérica, donde inclusive en muchos países y provincias, se concentra en un solo juzgado por jurisdicción, situación que atenta, por razones obvias, con la calidad del servicio de justicia que requiere una cuestión tan sensible para la población, para el Planeta y el cambio climático, como es el medio ambiente.

En Argentina, salvo el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la acción interpuesta por los Vecinos miembros de La Asamblea El Algarrobo que sentó jurisprudencia a favor de de ellos bajo el manto de la ley que define un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Periglacial, y que tiene el objetivo central de preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos. Esa acción demuestra como la justicia provincial le dio la espalda a los vecinos desde la primera instancia hasta la propia Corte de Justicia de Catamarca. Todos los jueces sin distinción de instancia se inclinaron hacia el lado de los contaminadores, del mismo modo que los abogados, donde es difícil encontrar alguno probo y honesto, que se mueva rápido y en forma diligente a favor de quienes defienden la intangibilidad de los recursos naturales de aprovechamiento humano.

El eje es conseguir que todos los tribunales apliquen la ley y existe la esperanza en que los Defensores Oficiales Federales de las Víctimas empiecen a actuar en defensa de sus intereses como ocurrió en Salta donde recientemente  fue designado un Defensor «ad hoc» de las comunidades de pueblos originarios.

Por último, un dato no menor a tener en cuenta no ya en otros países sino en todos, se refiere a los abogados vinculados a la defensa del medio ambiente o a las querellas por delitos ambientales, que ejercen la profesión en esas cuestiones, el dinero está del lado de los contaminadores ya que las víctimas no tienen como soportar los costos de los largos procesos y de ese lado están las mayoría de los abogados.