Un sistema judicial capacitado que aplique la ley de protección integral de la mujer, víctima de violencia, es el desafío en marcha del Estado argentino a partir del compromiso que asumió ante Naciones Unidas, que incluye un pedido de disculpas público a Olga del Rosario Díaz, la mujer que inició este proceso, hecho histórico que se concretará este jueves.

El 24 marzo de 2017, la mujer fue atacada por el padre de sus hijas y terminó internada en terapia intensiva durante 45 días.

Ella había realizado denuncias en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y su causa estaba a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil Nº 85, a cargo de Félix G. de Igarzábal, que sigue en su cargo.

Pero las denuncias de Olga no fueron escuchadas debidamente, no se tomaron las medidas adecuadas y ella no fue protegida.

"El resultado de esas pésimas intervenciones previas no fue letal por milagro", dijo a la fuente la abogada Raquel Asencio, a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa (MPD).

Fue desde ese organismo que se acompañó a la mujer en su denuncia al Estado argentino ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas (Cedaw, en inglés) por no haber respondido a todas las denuncias que ella hizo.

El trabajo del MPD, que preside Stella Maris Martínez, se hizo desde la Comisión de Género, junto al Programa de Asistencia y Patrocinio a Víctimas de Delitos, en la causa penal que se le siguió al violento, y junto al Programa de Aplicación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, en la instancia de litigio internacional.

El violento, Luis Palavecino ,fue condenado a 20 años de prisión y está cumpliendo esa pena.

El Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado nacional y la Defensoría General de la Nación, se firmó el 23 de octubre de 2019, e incluyó el reconocimiento estatal de que el tratamiento judicial dado al caso no tuvo en cuenta los tratados internacionales de Derechos Humanos y, en especial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer.

Es un caso "paradigmático" definió Asencio, porque "se constataron muchos de los déficit que se presentan en el sistema judicial cuando una mujer requiere medidas de protección".

El Estado argentino, al reconocer su responsabilidad internacional, se comprometió a adoptar "medidas de no repetición", destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia de género.

Hasta ahora, el Poder Judicial sólo cumplió parcialmente algunas de estas medidas, como la evaluación de conocimientos sobre género para quienes quieran acceder a ser jueces o juezas, tarea a cargo del Consejo de la Magistratura del cual no hay más información, y la creación de un registro de jueces denunciados por violentos que está en vigencia.

El acto será a las 11, en formato online, coordinado por de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

El acto "es solo una de las medidas que están dispuestas en el Acuerdo, que es importante porque participan distintos organismos del Estado, que asumieron compromisos específicos que ya están trabajando en implementar", agregó el titular de la secretaría que tiene a su cargo coordinar la implementación general del Acuerdo.

Del acto de desagravio participará Olga del Rosario Díaz, Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, y fueron invitadas las máximas autoridades de cada uno de los organismos firmantes del Acuerdo: el Consejo de la Magistratura de la Nación, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Cancillería.