Desde El Pucará repudiamos los hechos de violencia ocurridos en el día de ayer, no obstante es oportuno reflexionar sobre lo sucedido, sus motivaciones y las consecuencias futuras, partiendo desde la misma Constitución Nacional que en su artículo 41° consagra el concepto inexcusable del derecho ambiental al expresar: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo." No cumplir con la ley e ignorar los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es grave y puede tener consecuencias indeseadas.

Era de esperar que, si el gobierno decidía avanzar con el proyecto de Agua Rica, el pueblo de Andalgalá mayoritariamente se iba a oponer ya que las encuestas marcan que la mayoría está en contra de la minería a cielo abierto, ¿y esto por qué ocurrió?, sencillamente porque en más de 20 años, la explotación de los recursos minerales no solo no ha traído prosperidad a los pueblos cercanos a las minas sino que los estudios ambientales son desfavorables en cuanto a la contaminación del medio ambiente que circunda el proyecto de mega minería.

Dicho en otros términos y crudamente, durante años, en la etapa anterior de la explotación minera,  se llevaron el oro y otros metales preciosos, mientras los funcionarios seguían prosperando y el pueblo padeciendo la contaminación y la depredación ambiental. Los beneficios de toda explotación minera debe tener efectos "erga homnes", respecto de todos, frente a todos,   sino se convierte en peculado, malversación de riquezas...  "el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada".

La idea que tiene la gente y que será muy difícil de revertir, es que las empresas pactan con el poder político contratos muy ventajosos, en donde hay sospechas del pago de retornos o premios extras, muchas veces bien disimulados u ocultos, que dejan escasos o nulos beneficios y casi nada de infraestructura a las ciudades. Y esa es la razón por la que los funcionarios suelen ignorar la licencia social que es uno de los elementos esenciales del contrato social.

La violencia, que desaconsejamos como sociedad al unísono, se genera en causas anteriores claramente injustas, como contratar a espaldas de los ciudadanos que habitan la región, titulares del interés legítimo y de los derechos subjetivos, por su condición de habitantes del lugar. No cumplir la con la manda constitucional o ignorar el fallo de la CSJN son situaciones violentas, ejercidas desde el poder omnímodo y muchas veces difíciles de explicar, porque resulta difícil abarcar tanta enjundia de cuestiones tan obvias pero que no todo el mundo entiende y lo que es peor, que generan impotencia y desazón en la población, que no tiene como hacer valor sus derechos. Ese es el umbral con el que juegan los políticos hasta que alguien lo traspone y lógicamente, empiezan los problemas. Otros problemas.

Si los ciudadanos respetan la propiedad estatal de los yacimientos mineros consagrados en la ley, el estado, administrado por el gobierno debe respetar los derechos y garantías de los residentes del lugar. Cuando esa simbiosis no funciona, porque los gobernantes la desconocen o la ignoran a sabiendas, suele aparecer la violencia. Se trata de la ausencia de LSO, que es la licencia social para operar. Se sabe hasta el cansancio que el nivel de aceptación de Agua Rica en Andalgalá es mínimo o dicho en modo inverso, se sabe que el nivel de aprobación de la comunidad local es insuficiente para iniciar la explotación, entonces cabe la pregunta ¿por qué hicieron caso omiso e iniciaron las actividades de explotación?

Quizás la pregunta que desde éste editorial acabamos de plantear sea la respuesta para los gobernantes y oportunistas que rechazan la violencia con tanta elocuencia. La hipocresía siempre aparece. Tenemos la sensación que muchos dirigentes catamarqueños, oficialistas y de la oposición, fingen cualidades, sentimientos, virtudes u opiniones que no tienen y más grave aun, que nunca antes la expresaron. Muchos de esos oportunistas nunca exigieron la licencia social para operar, pues sólo hablan de progreso, oportunidades o fuentes de trabajo y están obviando algo esencial. Luego todos estos oscuros personajes repudian la violencia, se rasgan las vestiduras, se espantan por el fuego, pero antes fueron los que hicieron leña del árbol caído. Y si hay alguna duda de nuestras afirmaciones, vayan a las redes sociales y lean sus posteos y los comentarios de la gente de a pie. Son lapidarios.

Y el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Figueroa Vicario está comprendido en las generales de la ley, porque en sus votos ignora olímpicamente la LSO, la licencia social para operar, claro, sus argumentos están escritos a la medida de los proyectos mega mineros  apoyados por Lucía Corpacci y su sequito, porque es unos de sus alfiles principales. Lejos de propugnar una sentencia que se adecuara al fallo imperativo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte de Justicia decidió declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza Municipal 029/2016 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Andalgalá por la que prohibía la actividad minera en el departamento. El objetivo fue otorgar vía libre el proyecto MARA.

Un ejemplo de lo que decimos es el mineraloducto, que cuando se deje de explotar La Alumbrera no servirá para nada, pudiendo haber sacado el mineral a través del ferrocarril, que quedaría para el beneficio de los pueblos del oeste catamarqueño y esta opción hubiese ahorrado millones de metros cúbicos de agua que se usan en el ducto que lleva minerales a Tucumán.

No hay licencia social para operar los proyectos mineros, ni la habrá si se quiere explotar en estas condiciones, no es un grupo minoritario, es la mayoría de la sociedad, no solo de Andalgalá y Catamarca, sino de millones de argentinos. Que el gobierno no haya advertido que esto podía suceder, demuestra la poca sensibilidad social, el atropello y la falta de contacto con la realidad que tiene. El poder político cree que la gente con su voto le ha dado un cheque firmado en blanco. También es verdad que tantos años de sumisión los ha confundido, pensando que la impunidad era eterna. Craso error.

Pero no debemos engañarnos que la democracia es sólo el voto. No señores. La democracia es mucho más que ir a votar cada dos años con un sistema antiguo y obsoleto, que no refleja en absoluto la representatividad porque el descontento popular es evidente tanto como la distancia entre gobernantes y gobernados y sin embargo una y otra vez se imponen los mismos, que además se empeñan en rechazar cualquier cambio al sistema. ¿Es sospechoso no?

La democracia es un compromiso de vida con el otro, es considerar al otro como un igual. Pongan el sistema de tachas y estén seguros que tacharemos a todos los funcionarios que estén a favor de la explotación minera sin licencia social y a cielo abierto. La grieta que debemos cerrar es la que separa a los pueblos pobres de los dirigentes ricos, esa que constituye el combo perfecto del atraso y la desidia, de una provincia y de una Nación.

Reiteramos nuestro rechazo a los métodos violentos, a los de ayer y a los que en forma constante expresa el poder constituido, poder  político de turno que ignora los derechos de la población tal como lo explicamos más arriba. La violencia engendra violencia. El pueblo ha expresado su hartazgo.

Pero por favor no desviemos la atención o saquemos conclusiones equivocadas, como intentan hacer varios legisladores del oficialismo. Acá hay un reclamo genuino de la población y otro ajeno, en donde los “picaros” de siempre aprovechan "el rio revuelto" para canalizar su interna política, que sería algo así "como la ganancia de los pescadores" y nos referimos a la interna del partido peronista, que está que arde y más cuando se acerca la hora del bocado.

Los ciudadanos de Catamarca queremos la explotación de los recursos minerales con contrato social vigente, licencia social para operar, cuidado al medio ambiente, desarrollo sustentable y que redunde en prosperidad para todos los pueblos.

Es bueno que nuestros lectores lean el fallo de la CSJN dictado el 2 de marzo de 2016, que mantiene su vigencia a pesar que algunos se empeñan en ignorarlo o buscar otros vericuetos legales de inferior jerarquía. La Corte Suprema hizo lugar a la Queja y desestimó el fallo de la Corte de Justicia de Catamarca.

Megaminería_ la Corte Suprema hizo lugar al recurso de los vecinos de Andalgalá