Mientras aún resuenan los vestigios de lo sucedido en la última manifestación “anti minera” realizada en la ciudad de Andalgalá, la Diputada Nacional Lucía Corpacci, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, aseguró que Catamarca avanzó un casillero en la minería gracias a la política y que la “licencia social” ha mejorado muchísimo, a punto tal de que el emprendimiento minero Agua Rica podrá desarrollarse en poco tiempo.

Es evidente que la ex Gobernadora no está diciendo lo que realmente ocurre con la minería en Catamarca, a pesar de haber liderado en dos periodos la administración de esa provincia, dentro de los cuales se profundizó el rechazo al proyecto que se pretende instalar en los Nevados del Aconquija. Hacia fuera, en San Juan o en Buenos Aires, puede ensayar los relatos que quiera o le parezca, pero Corpacci no es veraz a sus manifestaciones, es de ese tipo de dirigentes que expresan ideas o declaman políticas publicas, pero que, cuando fue gobierno, actuó de manera contraria a lo que preconiza. Es necesario remarcar, por si a alguien todavía se le ocurre otorgarle el beneficio de la duda, que faltar a la verdad, es lisa y llanamente, mentir.

Pero también es inadmisible que la anterior mandataria no asuma que la perdida de esa “licencia social” se deba a factores atribuibles a su propio Gobierno, donde la “falta de rendición de cuentas” llevo al procesamiento de Ángel Mercado, su socio político y ex pareja, el verdadero “mandamás” de la minería catamarqueña. Sin animo de ser reiterativos, tratándose de un tema tan delicado insistimos en afirmar que la realidad es otra, bien distinta a la expresada en la Cámara minera de San Juan. 

Mientras los gobernantes nos enseñan que estamos parados sobre una riqueza y que la minería es un recurso natural por excelencia, la provincia engrosa el ranking de los distritos más pobres del país y sus ingresos no provienen de la minería, sino de la Coparticipación Federal que la beneficia con un punto porcentual extra. Catamarca es una provincia rica en materia de minería, con una pobre calidad institucional que redunda en magros beneficios para los catamarqueños y no hace falta esforzarse mucho para llegar a esa conclusión, pues la realidad es incontrastable a los relatos vacíos de contenido. No obstante el proyecto de Agua Rica es inviable por cuanto el informe del Inpacto Ambiental es negativo. 

Las mujeres y hombres de Catamarca, sobre todo aquellas personas que viven en las zonas donde se desarrollan los emprendimientos, ven una asimetría descomunal, enorme, entre las ganancias de las empresas, la falta de progreso y el daño ambiental, todos factores excluyentes de la muy nombrada y nunca aplicada “licencia social” que posibilite que el proyecto que la ex mandataria promociona, se vaya a realizar.

No hay (ni hubo) políticas destinadas a cambiar ese rumbo, por el contrario, la falta de trasferencia en los acuerdos del Gobierno y las mineras han hecho que ese círculo comercial que implicaba el progreso, quede aislado de la realidad social y hoy son más las voces que se inclinan en contra, que a favor de la minería. Con esto queremos significar que el daño infligido por las políticas públicas de los dos períodos consecutivos de Corpacci al frente del ejecutivo provincial fueron sustanciales en materia de minería, pues los resultados no están a la vista.

Crónica de un final anunciado.

En diversas oportunidades este medio periodístico publicó con lujo de detalle, que la resistencia de la gente a la explotación minera Catamarqueña podía terminar en un estallido social, porque tal como se indica en esa nota, la justicia avanzó sobre la cuestión en base a la denuncia penal incoada por los miembros de la Asamblea de El Algarrobo y la movilización del sábado 10 de abril lo fue, independientemente del título que le pretendan poner y de algunas cuestiones que en el contexto resultan inexplicables o no, una clara ratificación de la voluntad contraria al desarrollo minero.

Es necesario recordar a los funcionarios que las leyes deben cumplirse y los fallos acatarse. La Ley 26.639 y la Justicia Nacional expresan que el proyecto no puede realizarse. Los legítimos denunciantes no prendieron fuego ninguna oficina ni quemaron ninguna sede partidaria. Nunca ejercieron violencia alguna para hacer sus reclamos. Y si están privados de la libertad, el gobierno de Jalil y la Justicia de Catamarca debe saber que las detenciones cuanto menos, son ilegales.

Ya nadie se “come el verso” de que la minería implica progreso cuando se sabe que el Gobierno percibió, tan solo de Minera La Alumbrera, entre los años 2012 a 2017, más de 326 millones de dólares billetes estadounidenses en concepto de ingresos no tributarios, regalías mineras, utilidades distribuidas a YMAD e ingresos tributarios.

Ya todos saben que el litio que se produce en Catamarca se exporta a granel, sin ningún control y sin la obligación de imprimirle valor agregado como la hacen Salta o Jujuy, sabiendo que ese mineral genera entre 30 y 40 mil puestos de trabajo en el exterior solo en la confección de baterías eléctricas. Si las provincias vecinas lo hacen y Catamarca no, entonces se llega a la rápida conclusión que estamos gobernados por ineptos y algo más.

Las mismas empresas que operan la puna ven que no existe seguridad jurídica, económica e institucionalidad y por ende prefieren invertir en países como el Perú, donde las rentas son mayores, pero también las garantías, la transparencia y la seguridad jurídica.

Todas estas variables, sumadas a la violación de los regímenes ambientales han contribuido a la perdida de la ansiada “licencia social”, no en vano el actual Intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, es un referente anti minero, que muchas veces en soledad debe ceder a las presiones con tal de mantener cierta gobernabilidad. teniendo en cuenta que un gobierno municipal de signo contrario al gobierno provincial, con lo cual, y pese a la promoción que instala la ex Gobernadora sobre Agua Rica, es improbable que el mismo se vaya a realizar.

Por último, llama la atención que en el discurso que brindó Lucía Corpacci ante la Cámara minera de San Juan, hiciera un portentoso alegato en favor del proyecto MARA, primero expresando los supuestos impedimentos de tres empresas privadas, que no se ponían de acuerdo. En realidad se pusieron de acuerdo muy rápidamente e YMAD alquiló las instalaciones residuales de la Minera la Alumbrera en un precio irrisorio o vil, si se tienen en cuenta la proyección de la factibilidad operativa y los recursos financieros que se obtendrían de iniciarse y concretarse las operaciones.

En éste punto es importante refrescar como era y sigue siendo la composición del directorio de YMAD al tiempo de cerrar el alquiler más barato del mundo, algo así como el escándalo del Club Américo Tesorieri hace unos años en la capital de Catamarca. Estaba y está conformado por las siguientes personas:  Cr. Luis de Miguel – Presidente, ahora reemplazado por Fernando Jalil, Lic. Ángel de Jesús Mercado (es pareja de Lucía Corpacci), Director – Prov. de Catamarca, Justo Daniel Barros, Director – Prov. de Catamarca, Cr. Domingo Marchese, Director – Univ. Nac. De Tucumán y Dr. Alfredo Grau, Director – Univ. Nac. De Tucumán. En este punto, sobran las palabras. Nadie duda en el mundo de la minería que el precio pactado por la concesión de la propiedad minera con fines extractivos y la concesión de la infraestructura de la anterior concesionaria se calculan sobre la base de un 1 % del valor total de la operación, en tanto que el precio pactado es del 0,001 %. Las mineras pagan un canon locativo sub valuado, inferior al precio de mercado ¿por qué?

El Directorio cuestionado sigue siendo el mismo y los contratos firmados siguen vigentes. En un situación normal, los miembros titulares y el presidente de la sociedad del Estado deberían rendir cuenta de sus actos y los organismos de control estatal e investigar las conductas de los directores en forma individual, como lo indica la Ley de Sociedades Generales y eventualmente iniciar las correspondientes acciones individuales de responsabilidad a los que votaron favorablemente la celebración de ese contrato a precio vil por debajo del precio de mercado. Los accionistas perjudicados son, la provincia de Catamarca, La Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. La omisión de seguir éste procedimiento, hace solidariamente responsables a los actuales directores titulares y a los síndicos titulares. Este es un aspecto formal, aunque como lo dijimos en éste editorial y en notas anteriores el proyecto es inviable por el informe negativo del impacto ambiental y porque la provincia de Catamarca aun no ha acatado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el siguiente párrafo se refiere a la Ordenanza anti minera, la cual derribó con su Corte de Justicia adicta, con un presidente del alto tribunal de su riñón político. Generaron un reclamo judicial que terminó con un fallo contrario a la ordenanza, tachándola de inconstitucional. Un traje a medida que confirma la baja calidad institucional de la provincia de Catamarca, ignorando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por completo que manda no llevar adelante el proyecto de Agua Rica en base a la aplicación de la Ley 26.639.

La ordenanza fue la expresión de un pueblo que a través de sus representantes le dijo al poder central que no querían el proyecto de mega minería a cielo abierto. ¿En donde están las mejoras de la licencia social a la que se refiere la diputada? Corpacci hace referencia a una ley que es "clara en ese sentido". Nadie sabe a que ley se refirió. Si es bueno recordarle a la ex gobernadora, que parece que está frágil de memoria, que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le indicó a la provincia que ella gobernaba en el año 2016 que en Agua Rica era procedente aplicar la ley 26.639 referida al REGIMEN DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA PRESERVACION DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL. 

Para finalizar, Corpacci remató: "Hubo muchas cosas para resolver en el camino y parece que todo esto ya está allanado y creo que en un tiempo no muy largo Agua Rica, en su nuevo modelo, porque no es el modelo inicial, podrá desarrollarse en poco tiempo y va a generar muchísimo trabajo”. Señora, el proyecto es inviable jurídicamente, está expresamente prohibido por la Ley y existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. a esta altura, en el contexto que vive la ciudad de Andalgalá, resulta irritante la defensa que hace la ex gobernadora al proyecto minero MARA, de Yamana Gold y su integración al proyecto Agua Rica con la planta e infraestructura de Minera Alumbrera.