El 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro (México) el primer Congreso Indigenista Interamericano, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América. Se habló de la situación social y económica de los pueblos, de sus problemas y sus necesidades. Este Congreso creó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en la ciudad de México y dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). También se instituyó el Día Americano del indio, en conmemoración a este acontecimiento. y con la intención de generar en cada país un momento de reflexión y análisis sobre la situación de sus pueblos indígenas y trabajar en pos de ello.

Argentina adhirió, a este documento y es miembro permanente, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 7550 del año 1945.

En esta fecha, a ochenta y un años de ese evento que, marca un hito en la historia de las luchas por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas es menester, plantear algunas consideraciones respecto de la situación actual.

En esa larga lucha tuvieron grandes logros en el campo de los derechos a nivel internacional: el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales; Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En Argentina a partir de 1985 mediante la Ley 23.302 se reconoce la Personería Jurídica de existencia ideal como sujetos de tener derechos y contraer obligaciones, a las Comunidades Indígenas existente en el país. En la Reforma de la Constitución Nacional se incorpora en el artículo 75, el inciso 17 que reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” y señala que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

A pesar de estos reconocimientos como sujetos de derecho, los Pueblos Indígenas aun hoy siguen siendo uno de los grupos sociales más atacados y amenazados en su supervivencia. Sufren graves privaciones de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, debido a una condición —la de indígena— que ha funcionado socialmente como causa de discriminación.

Según James Anaya, Ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al concluir su visita a Argentina, 04/07/12, sintetizó su visión con la frase, “Buenas leyes que no se respetan”.

Los pueblos indígenas sufren efectos y agravantes de la pobreza extrema, bajos niveles de educación, reducida esperanza de vida, elevada mortalidad materna e infantil y falta de acceso a saneamiento y agua potable. A comunidades enteras se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, mientras que otras son sometidas a represión violenta y a abusos por manifestarse pacíficamente en demanda de sus derechos humanos.

En nuestra provincia, la Cuestión Indígena carece de visibilidad, por ello no trasciende a la esfera pública la crítica situación de pobreza, la inaccesibilidad a la propiedad de la tierra, en algunos casos desenvuelven su vida casi en condiciones de servidumbre, sometidos por los supuestos dueños de grandes latifundios; la falta de servicios de salud entre otros. A todo esto, se agrega que hay comunidades que padecen los efectos de la inaccesibilidad por falta de caminos, medios de comunicación, etc. Se puede hacer una larga lista de problemas que obstaculizan toda posibilidad de desarrollo a una escala humana, en atención a que la tierra es la base de su subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad cultural.

En nuestra provincia, se han reconocido por sendas leyes provinciales, a las Comunidades: Diaguita Calchaquí de Los Morteritos – Las Cuevas en el Departamento Belén, del Pueblo Kolla Atacameño de Antofalla en Antofagasta de la Sierra. Las leyes les reconocen los territorios que ancestralmente ocupan. Sumado a esto, el INAI por aplicación de la Ley N° 26160, suscribe un convenio marco de Estudio y Delimitación de territorio, ya finalizado y entregados al Poder Ejecutivo Provincial. Que no procedió a la entrega efectiva de sus territorios.

Posiblemente el derecho de mayor peso sea el del Consentimiento Libre, Previa e Informada para que toda decisión que se adopte y que afecte los intereses de las Comunidades Indígenas debe de aplicarse el protocolo de consulta, el cual no se ha reglamentado.

En lo concerniente a las actividades que inciden en el medioambiente, como lo son los emprendimientos extractivos localizadas en territorios indígenas.

En este doloroso escenario, sólo hay desesperanza toda vez que las distintas administraciones del gobierno provincial, desde el año 2004 que mediante Ley N°5138, se adhiere a la Ley Nacional de Desarrollo de Comunidades Indígenas y fija como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno y Justicia, no se ha generado ni una sola política y por ende no se dispone de partidas presupuestarias específicas. En diciembre 2019, con la modificación de la Ley de Ministerio del P.E.P. introdujo la reconversión a Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, lo que encendió la lámpara de la esperanza, pero sólo fue una esperanza vana.

Es absolutamente necesario que las autoridades de nuestro gobierno provincial, evalúen la factibilidad y viabilidad de la creación de un organismo específico que, con la participación efectiva de las Comunidades, se diseñen y ejecuten políticas públicas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

(*) Licenciada en Trabajo Social - Diplomada en Antropología Social, Política y Cultural - Diplomada en Derechos económicos, sociales y culturales - Diputada provincial (MC)