Opinión

La maldita costumbre de los sobreprecios en la obra pública

Editorial

En la edición del domingo pasado, el Diario El Ancasti, en la nota central se hizo referencia a la contratación directa a la empresa Sucesión de Mogetta Guido David por 161,6 millones de pesos. Textual, allí se indicó «Revitalización del circuito turístico – Dique El Jumeal» el pasado 5 de marzo, por intermedio de una contratación directa que superó en casi 27 millones de pesos el presupuesto oficial que había quedado establecido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. La obra, que tiene un plazo de ejecución de un año, costará $161.633.588,35″ Allí, en la misma, se observa que la contratación supera en $27.000.000 el presupuesto oficial.

¿Por qué diablos no se respetó el presupuesto original? Nuestros lectores tienen la palabra. Pero todos sabemos a que bolsillo irá la diferencia, justamente en un año electoral y lo siguen haciendo en la narices de un pueblo que padece todo tipo de privaciones, en medio de una pandemia interminable, con privilegios delictuales, como es el la grave cuestión que investiga la Justicia Federal relacionada con el trafico de influencias sobre la aplicación de las vacunas. 

Esto no es una novedad sino una practica que, lamentablemente, para la calidad institucional, ya se hizo habitual. En efecto, todas las dependencias del Estado provincial y de muchos municipios, especialmente el de la capital de la provincia, han decidido usar el sistema de elegir las empresas a «dedo», generado todo tipo de suspicacias en la opinión pública, con toda razón, porque más que suspicacias se trata de certezas. Son picaros con los dineros públicos. Así cualquiera. Es tan pequeño el mercado de las contrataciones a «dedo», que todo, absolutamente todo, se sabe.

No hay casi licitaciones públicas y cuando se realizan hay un oferente por licitación, hecho llamativo o mejor dicho defraudatorio porque puede haber un acuerdo entre las empresas para perjudicar al Estado. Son tan pocos «los jugadores» (Léase empresas constructoras) que arreglar los partidos de la obra pública en tan sencillo como arreglar cotejos en la Copa Libertadores en el fútbol.

En definitiva, el caso publicado por el diario El Ancasti no es un hecho aislado sino que se ha convertido en un «modus operandi» en dónde la ley de obras públicas ha quedado en el olvido. Aquí vale la pena rescatar un concepto, quizás olvidado, que viene al pensamiento del editorialista, que es la anomia. Catamarca es una provincia donde no existen los controles, de ningún tipo, porque todo está armado para la impunidad. Como se dice en el lenguaje de la calle, el Tribunal de Cuentas está pintado. La anomia pertenece a la tradición sociológica y significa ausencia permanente de normas.  En Catamarca hay una fabrica de normas, pero casi ninguna se cumple. El concepto fue desarrollado por la sociología norteamericana para estudios de control social, desviación, delito y criminalidad. Más claro… échale agua o viví en Catamarca.

No podemos en este sentido echarle toda la culpa a este gobierno, ya que este sistema fue pensado, creado,  implementado y aplicado sistemáticamente en el gobierno de Lucia Corpacci. Provincia apeló el sobreprecio, como es lógico, porque la ampliación del presupuesto fue estipulada por la Municipalidad de la Capital. Obsérvese quiénes son los funcionarios  intervinientes, cual es la escuela de la que provienen y sus pretensiones políticas para el 2023. Y está todo dicho.

Para muestra sobra un botón, como decía la abuelita de todos. Al respecto, no nos podemos olvidar de la denuncia de cartelización de las empresas en una licitación de viviendas. Ya que tanto se habla de memoria, es bueno tener memoria y recordar los desfalcos cometidos en el pasado, como los sobreprecios en la obra del ex Sussex y de la residencia universitaria, y otras tantas irregularidades que muchas fueron denunciadas pero que quedaron en la nada o están frenadas culpa de una justicia inoperante y servil al poder de turno. Y por supuesto de la anomía, que dicho sea de paso, se lleva de maravillas con la justicia catamarqueña, cuyo funcionamiento fue pergeñado por el poder político, con sus leyes y nombramientos, con lo que llegamos a la conclusión que la estructura republicana catamarqueña es más una autocracia que una democracia, mal que nos pese a todos.

Al principio, el sistema de contrataciones a dedo se implementa como excepción, y cuando ven que funciona y nadie se queja, la excepción se transforma en regla y así se aplica siempre. Con el tiempo uno observa que ciertos pobres diablos que en la mala andaban empujando un auto sin batería, de pronto, de la noche a la mañana, se transformaron en nuevos ricos, propietarios de fastuosas mansiones a nombre de sociedades o testaferros, autos de alta gama, motos de alta cilindrada, emprendimientos inmobiliarios, etc. estatus que con un sueldo político es imposible de alcanzar. Esas poderosas razones, y no otras, explican su amor por el poder eterno y las relecciones indefinidas.

La única verdad es la realidad como les gusta tanto decir a los compañeros, que le usurparon la frase celebre al genial Aristóteles: los catamarqueños hemos sido estafados por muchas obras con sobreprecios, esa maldita costumbre de quedarse con lo ajeno, que pasaron desapercibidas o no, en la opinión pública, que han provocado enriquecimientos notables, mientras la enorme mayoría sigue siendo pobre o sin movilidad social. Así estamos. Es de esperar que el electorado abra los ojos de una buena vez y empiece a cambiar su futuro.