En su discurso de apertura del año legislativo en el Congreso, el presidente Alberto Fernández cuestionó una vez más a la Justicia y anunció la creación de un Tribunal Federal de Garantías que busca limitar el poder de la Corte Suprema. “Es un poder que vive en las márgenes del sistema republicano” y pidió que el Congreso asuma el rol de control cruzado del poder judicial.

El Tribunal Federal de Garantías tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, indicó Fernández.

“Sus miembros disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad. Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado. En el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración jurada de sus bienes es virtualmente imposible”.

Crítico, el presidente afirmó: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”.

Alberto Fernández le dedicó un apartado especial al caso del fiscal Carlos Stornelli, y aseguró que encontrándose procesado por “delitos tan severos como el espionaje ilegal de ciudadanos o el de extorsión” sigue en funciones como si nada de esto lo afectara. “A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su poder residual pudiera afectar la investigación”.

Solicitó al Senado que debata y apruebe la ley que reformula el funcionamiento del fuero federal, y que Diputados haga lo mismo con la reforma a la ley que reglamenta aspectos vinculados a la selección del titular del Ministerio Público. Adelantando que el Gobierno propiciará el establecimiento del juicio por jurados para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal

Anunció la reformulación del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, proyecto que elevará al Congreso: “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, aseguró.