Se cae el relato oficial de las políticas de género. La ley de protección integral de la mujer es solo una linda expresión de deseos que en la práctica es ignorada por el poder político, principalmente por el el gobierno de turno y por su amañada justicia.

Cuando se afirma que sin justicia no hay República es precisamente esta respuesta que le dio el sistema a Úrsula Bahillo, la nueva mártir del patético sistema policial y judicial argentino. Ella y sus padres hicieron lo correcto y el sistema pergeñado por los argentinos directa (legislador) o indirectamente (electores), más una bestia analfabeta emocional, maleducado, violento, transgresor, ignorante, le respondieron con la muerte y con el asesinato.

Nunca habrá justicia si el país no se organiza adecuadamente. Y los encargados de hacerlo no deberían ser los que siempre gobiernan desde hace décadas, porque lo hacen mal, sino gente preparada, profesional y con sentido común. Hacer justicia desde una ideología, es un grave error, que siempre termina padeciendo la sociedad en su conjunto.

Las intenciones pueden ser buenas, como la ley que protege a la mujer, pero en la practica nada de eso se aplica, porque no existe voluntad política de hacerlo. Una Comisaria de la Mujer cerrada los fines de semana, es lo mismo que nada.

Encima los legisladores hacen leyes casi perfectas pero no se ocupan en absoluto del seguimiento o de observar su cumplimiento y aplicación. En Argentina se hacen miles de leyes y se cumplen muy pocas.

Por más que el fiscal sobre actúe en la escena del crimen, las fallas policiales, judiciales y estatales fueron en éste caso, las verdaderas responsables de un asesinato que estaba cantado de antemano, que se podría haber evitado, con solo escuchar los audios premonitorios de la victima. Ursula percibió su muerte, estaba desesperada, pero la corrupción policial y el encubrimiento pudieron más y finalmente murió en manos de un criminal.

Es necesario que se juzgue tanto al asesino como a sus cómplices policías, miembros del poder judicial y del ministerio público por omisión dolosa, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario.