Con la crisis estallada, dijo que el pico de casos llegaría en mayo. Después en junio, después en julio. Prometió tener vacunadas a 10 millones de personas en diciembre, pero se acaba febrero y apenas 400.000 personas consiguieron aplicarse una de las preciadas dosis.
El ministro cumplió el papel de fusible, aunque el escándalo interpela al oficialismo de manera dramática.
El desparpajo de la vacunación acomodaticia había salido a la luz esta semana con el escándalo en Santa Cruz por el caso del diputado kirchnerista Juan Benedicto Vázquez y el intendente Federico Bodlovic (de Piedra Buena). Pero abundan las sospechas de que los frasquitos de la Sputnik V se reparten inescrupulosamente como ofrendas del poder ("por debajo de la mesa", como había denunciado en primera persona Beatriz Sarlo), por fuera de los criterios epidemiológicos establecidos por el propio Ministerio de Salud que condujo González García. Con el correr de los minutos empezaron a aparecer más nombres de privilegiados: sindicalistas, ministros, dirigentes sociales, legisladores.
Alberto Fernández, poco propenso a los cambios drásticos, se saltó sus protocolos ante la magnitud del papelón en curso. Ginés quedó a merced de los buitres. La misma militancia que le cantaba en los actos "¡Ministerio, Salud es Ministerio!" repudiaba su traspié moral, con el hacha siempre afilada para acometer árboles caídos.
La tentación de darse la inyección había sido enorme para que el Presidente, Cristina Kirchner, Axel Kicillof y decenas de otros dirigentes de alto rango se fotografiaran en el vacunatorio. El argumento oficial: que el gesto y su difusión masiva implicarían un impulso para eliminar miedos en la sociedad y garantizar el éxito de la campaña de inmunización.
A Horacio Rodríguez Larreta, que prefirió no subirse a esa ola y atarse a un criterio técnico en el reparto, lo castigaron en público al punto de acusarlo de activista "antivacunas" (Mariano Recalde dixit).
Escándalos en el mundo
Entre los vacunados para la foto y los que entran por la puertita secreta, son cientos los políticos y militantes que se adelantaron en la cola, en momentos en que solo el personal de salud y en algunos distritos los mayores de 70 años cumplen con los requisitos para anotarse. A la Argentina llegaron solo 1,8 millones de dosis de los 20 millones que a esta altura prometía tener el Gobierno.
La dirigencia que tanto despotricó contra quienes dudaban de la eficacia de la vacuna rusa antes de que se publicaran los informes científicos ahora calla ante la evidencia de que existen un cupo político para salvar vidas. Nada más alejado de la aspiración a la equidad que pregona el kirchnerismo desde el discurso.
No somos únicos. España vivió un escándalo a principios de año cuando se conoció que el jefe del Ejército, Miguel Ángel Villarroya, se había saltado los protocolos para recibir prioritariamente la primera dosis de Pfizer. Perdió su cargo de manera fulminante. Perú atraviesa una crisis política inmensa por el llamado "vacunagate", la revelación de que casi 500 personas -entre familiares y amigos de funcionarios, ministros y otros políticos peruanos- tuvo acceso privilegiado y secreto a la fórmula de Sinopharm a fines de 2020 (cuando estaba en fase experimental). Ya renunciaron la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la canciller Elizabeth Astete. El gobierno interino de Francisco Sagasti se tambalea.
A Ginés García le toca irse de la peor manera. El Gobierno, después del relevo tumultuoso, debe dar aún explicaciones convincentes sobre la lista especial de vacunados VIP. Ya no se trata de acertar un pronóstico sino de dar una señal ética que evite daños peores al plan para superar la pandemia. Se lo debe, para empezar, a los 7,3 millones de argentinos mayores de 60 años, por ende, en riesgo de muerte permanente, que esperan con angustia la inyección que les devuelva algo de normalidad, después de un año de saludar de lejos a sus hijos y sus nietos, de trabajar a distancia, de convivir con el miedo.
Martín Rodríguez Yebra
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