El Gobierno piensa que la presión social pretende que la funcionaria renuncie. Ese falso dilema que desfigura a la sociedad como un tribunal de Justicia, fue instalado con habilidad por Carlos Menem en los años 90 y abrió una de las tantas puertas desbocadas de la corrupción.

La sociedad no pretende que la funcionaria renuncie, aspira a que sea decente. Todo queda reducido entonces a si la funcionaria es de los que funcionan o no, según dicta el capricho de la vicepresidente Cristina Fernández.

El gobernador de Formosa es denunciado por avasallar las libertades individuales de sus gobernados y de ejercer un poder despótico y absoluto. Absolutista también, a lo largo de un cuarto de siglo. Una gestión que los sacerdotes formoseños, con inocultable piedad, juzgan de “autoritaria”.

El Partido Justicialista encara una apasionada defensa del gobernador, por encima de cualquier amago lógico, si se permite la alegoría, de comprobar la veracidad de las denuncias, mientras el gobierno hace un silencio imprudente. Los ataques del kirchnerismo a la oposición, encabezados muchos por el diputado Máximo Kirchner no fueron ni son vistos como una maniobra destituyente, como sí eran lo eran las críticas al gobierno de la mamá del diputado, a lo largo de sus ocho años en el poder.

Esa moral de la conveniencia, un eufemismo por hipocresía es un espejo del pasado: lo vivimos en los dolidos años 70, y con resultados desastrosos, cuando gobernaban la soberbia y la torpeza. La sociedad también aspira, con modestia, a mirar hacia adelante. La cosa no está para el revival. Ni para el eterno retorno.

Alberto Amato