Fue en ese contexto que Alberto Fernández se vio en la obligación de rematar la posibilidad de cambios. Al menos en el corto plazo. Y menos en el gabinete económico.

El Presidente, confía una figura que asesora al jefe de Estado, entiende que las próximas semanas serán clave para consolidar una recuperación económica.

La salida de la crisis pandémica se resuelve de manera más lenta en la Argentina que en varios de los países de la región -y ni mencionar a economías consolidadas como la estadounidense-. Hay una razón fundamental que lo explica: la incertidumbre cambiaria que existe en el país, y que se expresó con total virulencia durante la primavera.

El mercado cambiario consiguió un delicado equilibrio en los últimos dos meses, producto de haber perfeccionado el cepo y de que Martín Guzmán puso en práctica distintas operaciones financieras, que pueden ayudar en el cortísimo plazo pero que de ninguna manera son sostenibles. Como el canje de títulos dolarizados con un rendimiento del 16% anual. O los seguros de cambio.

Para reforzar esos "pergaminos", el Gobierno tendrá algunas semanas con definiciones, una vez que el calendario marque el inicio de 2021.

El "veranito" financiero, en la mira

Y acá va la cuestión política que se cruza con esos objetivos: Guzmán sabe que para lograrlos necesita de poder político. De un Ministerio fuerte -y más relevante aún- de un Gobierno consolidado. De otra manera, el "veranito" financiero logrado trabajosamente podría descarrilarse. Allá espera la definición de las negociaciones con el Fondo Monetario, que debería llegar antes del Otoño.

Y no solamente el capítulo del FMI. Si hay algo que Cristina Kirchner demostró en el acto del viernes fue que "su" agenda no tiene nada que ver con las medidas que se negocian en Washington y Buenos Aires.

Lo primero que se viene en la agenda de la dupla Guzmán-Kulfas tiene que ver con los precios de los alimentos. Justamente, uno de los capítulos mencionados por CFK en La Plata. "Una tarea fundamental durante el año que viene" comenzar a "alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas", dijo la vicepresidenta desde el escenario.

En las empresas fabricantes de alimentos entendieron la señal. Creen que las negociaciones que vienen manteniendo con Comercio Interior para que el Gobierno habilite un descongelamiento de los precios se endurecerán con el correr de los días.

Para tener en cuenta: en la primera semana de enero vence la lista de "Precios Cuidados", que en la actualidad contiene vigilados a unos 400 productos y Paula Español -la secretaria de Comercio- quiere engrosar a por lo menos 2.000.

En forma paralela, a finales del mes que viene debería termina "Precios Máximos", un programa que mantiene congelados unos 100.000 artículos que se venden en los supermercados. Hay una fuerte presión de las empresas para que ese programa se desarme lo antes posible. Es la condición que ponen para agrandar "Precios Cuidados".

Para el Gobierno, el mantenimiento de estos dos programas -Precios Máximos nació junto con la expansión de la pandemia- resulta estratégico para contener la inflación. No sólo como una cuestión de la macro: el encarecimiento de los alimentos, en este momento de la pandemia se transformó en una preocupación a nivel global, por la suba en los precios de las materias primas.

En la Argentina, ese escenario luce crítico: con una recesión que ya lleva tres años, un salto en el desempleo y en la pobreza a niveles insoportables, sumada a una constante pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el Gobierno puso el foco en la negociación con las alimenticias.

La fuerte suba del precio de la carne complicó el escenario: en las últimas cuatro semanas, el kilo de la media res se encareció 25%. Nada menos. De $265 a $330. Ese incremento se trasladó rápidamente a los mostradores, justo en las vísperas de las Fiestas.

Cristina Kirchner destacó la implementación de los ROE (Registros de Operaciones de Exportación) durante su gobierno, con la cual se trababan las ventas al exterior de carne. "Todavía Axel y Augusto Costa (exsecretario de Comercio) tienen causas penales por los Roe (cupos de exportación de carne). Porque, claro, los argentinos podían comer carne, porque tomábamos medidas que a algunos sectores les parecen antipáticas, autoritarias", señaló en La Plata.

A diferencia del tema carnes, en los alimentos envasados (industrializados), el Gobierno mantiene la cuestión de riendas cortas.

El problema que enfrenta es que las empresas ya advirtieron que, sin un pronto reacomodamiento de los precios, habrá desabastecimiento de productos de la canasta básica.

Entre esas compañías circula un informe elaborado por la consultora MacroView (Melconian & Santangelo), que refuerza sus argumentos: "Desde que se decretaron los precios máximos, los alimentos con precios máximos aumentaron menos de la mitad de los alimentos sin precios máximos".

El reporte destaca que, entre marzo y noviembre, los alimentos incluidos en Precios Máximos se encarecieron 17,2. En cambio, aquéllos que no figuran en el programa lo hicieron en un 38,3% en esos mismos ocho meses. Acá se toman en cuenta la evolución en la carne, las frutas y las verduras. Mientras que en Precios Máximos hay aceites, fideos, arroz, azúcar y lácteos, entre otros productos.

El FMI, en medio de las tensiones

Lo dicho: las tensiones políticas en el seno de la coalición gobernante no refieren exclusivamente al aumento en la comida.

En pocas semanas, con el inicio de 2021, quedará en claro si el esperado acuerdo con el Fondo será cerrado antes de que termine el verano. O si habrá una demora.

Está claro que la Casa Rosada busca que ese pacto se anuncie lo antes posible, pero el Presidente ya advirtió que las negociaciones se pusieron difíciles en torno a la cuestión fiscal.

El ministro Guzmán planteó al "board" del FMI que sólo el crecimiento de la economía podrá asegurar un déficit fiscal sustentable, e incluso que vaya por debajo del 4% del PIB el año que viene.

El FMI quiere otro compromiso. El jefe de la misión, el venezolano, Luis Cubbedu, les avisó a los funcionarios argentinos que el rojo proclamado en el Presupuesto del 4,5% "no alcanza". Y que debe haber una reducción de los subsidios energéticos, además de un ahorro en el gasto previsional del país.

Desde que eso ocurrió, en las últimas semanas hubo modificaciones que fueron en contra de ese reclamo. Por pedido de Cristina, el aumento del 5% anunciado a los jubilados este mes no será tomado a cuenta del próximo incremento de marzo, tal como ya había anunciado la ANSeS.

Sobre las tarifas de los servicios públicos, las señales oficiales van en el mismo sentido: las últimas decisiones -postergado aumentos hasta por lo menos el Otoño- y dejando las negociaciones en manos de funcionarios "cristinistas" (del ENRE y del Enargas) dan la idea de que los costos se moverán poco durante el año electoral.

O por lo menos se moverán por debajo a lo que el propio Guzmán informó en el Presupuesto 2021: que los subsidios se mantendrán el año que viene sin cambios respecto del PIB. Para lograrlo -para dejar constante la cuenta de los subsidios- las tarifas deberían aumentar algunos puntos por encima de la inflación.

A esta altura, en medio de las discusiones políticas y las tensiones entre Alberto y Cristina, ese cronograma también quedó en veremos.

Claudio Zlotnik