El espacio resulta conveniente para la realización de las acciones necesarias tendientes a concentrar, conectar y promover actividades vinculadas con distintos aspectos de la actividad productiva, comercial, cultural y recreativa, creando y manteniendo nuevas fuentes de trabajo, destacó.

Luego, Víctor Luna expresó que dentro del interbloque Juntos por el Cambio no había certezas sobre los supuestos propietarios derechosos de los terrenos y acotó que les faltaba detalle sobre cuánto se iba a destinar en la superficie total los ítems que contempla la iniciativa. Así, anticipó el voto negativo puesto que estaba en contra de la expropiación. Francisco Monti consideró que se debía especificar cuál era la utilidad pública.

Armando Zavaleta, a su turno, indicó que la expropiación debía tener mayores precisiones, no obstante, confió en la intención del Ejecutivo. Marita Colombo esgrimió que no había desacuerdo con los objetivos planteados en el proyecto, aunque insistió, se debía contar con más especificaciones: Me encantaría acompañar pero carece de precisiones.

Luis Lobo Vergara también compartió las intenciones de la ley y de igual manera a sus pares que hicieron uso de la palabra se refirió a la necesidad de contar con detalles respecto a cómo se procederá con el polo de desarrollo en la localidad belicha. Con igual argumento se expresó Juana Fernández: “Nos habría gustado poder acompañar este proyecto de ley pero se debía ampliar un poco más”.

Daniel Lavatelli, por su parte, dijo que si bien entendía la necesidad de detalles sobre el Polo ello no obstaba para estar de acuerdo con aprobar la declaración de utilidad pública porque implica “el bienestar general sobre el particular”. Maxiliano Rivera a su turno destacó que el proyecto tiende a profundizar de forma gradual la reducción de las asimetrías entre la Capital y el interior provincial, estamos dando la posibilidad de que se desarrolle este polo productivo en un lugar donde hoy no existe nada de eso.

Posteriormente Isauro Molina celebró la iniciativa del Ejecutivo en el sentido de “generar condiciones de producción en el interior de la provincia y este es el punto de partida para un proceso de inversión y desarrollo en el interior”. Carlos Marsilli rescató que en los terrenos sobre los que se declara la utilidad pública “tienen dueño quienes son derechosos” mientras que Alejandro Páez remarcó que “ninguno de los diputados nos oponemos a las políticas de desarrollo al interior pero la construcción de esas obras son intenciones que se pueden llevar adelante o no”.

La presidenta del cuerpo, Cecilia Guerrero aclaró que la iniciativa “precisa cual es la utilidad pública, la finalidad tenida en cuenta para la expropiación y esa es la que señalaron todos y de ningún modo la ley y la jurisprudencia exige un detalle circunstanciado con las obras”. Además, rescató que el expediente ingresó en octubre y se dio despachos dos meses después con lo cual sus pares tuvieron el tiempo suficiente para evacuar sus dudas y sin embargo “ni siquiera sacaron despacho de minoría”.

Luego, Hugo Ávila evaluó que “si el Ejecutivo quiere avanzar con un polo de desarrollo en Belén en tierras que no están siendo utilizadas es criterioso facilitarle esta ley”.

En tanto, Marcelo Murúa destacó las precisiones incluidas en la iniciativa para señalar que “plantear que falta información o que afectaría algo, es porque no se tomaron el trabajo de evaluar la información contenida en el proyecto y en el despacho”. También remarcó que los proyectos de expropiaciones no incluyen “detalles específicos de las obras planificadas” y pidió que la votación se realice de forma nominal.

Augusto Barros, subrayó que tanto Guerrero como Murúa fueron “claros sobre la utilidad pública y la expropiación”. “El artículo segundo del proyecto señala el destino que se le dará a la superficie, más claro imposible” cerró.

Tras el debate, la presidenta del cuerpo puso a consideración el proyecto cuyo resultado fue 25 votos a favor, 11 votos por la negativa y cinco ausentes, con lo cual, la cámara baja dio sanción definitiva a la iniciativa remitida por el Ejecutivo.