Columnistas

Anarquía fiscal sin un plan económico a la vista

Basta comparar los desbordes del multitudinario velatorio de Diego Maradona en la Casa Rosada con los minuciosos protocolos sanitarios del DISPO en el AMBA (o de las vacaciones en la costa atlántica bonaerense), para corroborar la enorme distancia no obligatoria que existe entre lo que hacen y dicen los funcionarios del Gobierno.

O pensar cómo explicarles a chicos y adolescentes que las escuelas deben seguir cerradas para evitar contagios -incluso con barbijo puesto-, desde o hacia adultos supuestamente responsables.

En este amplio universo de planos paralelos hay otras barbaridades, en materia fiscal por caso, que pasaron casi inadvertidas en medio de la conmoción provocada por la muerte del ídolo futbolístico más popular para varias generaciones de argentinos y extranjeros.

El miércoles de duelo nacional, el Senado no se privó de aprobar sin cambios el dictamen para sancionar el «aporte solidario» sobre grandes patrimonios (entre ellos, activos productivos), con el cual la Argentina va camino a superar el récord de 170 impuestos nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, este gravamen tiene un previsible destino de amparos judiciales por inconstitucionalidad, que pueden restar recaudación y deberán ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia. Otro tanto ocurre con el ya presentado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tras la intempestiva quita de 1,18 puntos de coparticipación a la CABA hace más de dos meses.

Como esa medida avalada por ley le restará ingresos por $52.000 millones en 2021, presentó esta semana a la Legislatura un presupuesto supeditado a la decisión de la Corte, con subas de impuestos y contribuciones que mientras tanto afectarán los bolsillos de los contribuyentes porteños. Entre ellas, se destaca un adicional de 1,2% en el impuesto de Sellos sobre los gastos con tarjetas de crédito en la CABA y la eliminación de exenciones de Ingresos Brutos sobre las operaciones con Leliq y pases del Banco Central que realicen las entidades financieras con domicilio en la Capital Federal (la gran mayoría) y se traducirán en mayores costos para los clientes. Ayer, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, le reclamó al gobierno de la CABA que desista de gravar instrumentos de política monetaria, tras sostener que la CSJ tiene jurisprudencia sobre la imposibilidad de los distritos de avanzar sobre las regulaciones de la institución. Otro conflicto de poderes en puerta.

Al presupuesto de «contingencia» porteño se suma la ampliación de 4000 a 80.000 espacios de estacionamiento medido (sin tickets ni parquímetros, pero con pago digital, excepto para vecinos que vivan a 300 metros a la redonda); la suspensión de nuevas obras públicas y la reducción de la frecuencia semanal en el retiro de residuos, más la indexación del ABL con rezago de cuatro meses y ajustes en Patentes.

Paradójicamente, las entidades empresarias, fuerzas políticas y sociales que rechazaron con razón este aumento de la presión tributaria en la CABA, no hicieron lo mismo cuando el Poder Ejecutivo traspasó de un día para otro – por DNU y sin acuerdo político ni legislativo previo- los fondos de coparticipación a la provincia de Buenos Aires para destinarlos a un Plan de Seguridad del cual hasta ahora no se informó sobre su grado de avance, salvo el aumento de salarios para conjurar la inédita rebelión policial de septiembre. También se mantuvo en silencio el sindicato que agrupa a 180.000 trabajadores municipales y hace años no tiene un conflicto con la administración porteña.

La ofensiva del gobierno de Alberto Fernández va más allá. Junto con 22 gobernadores provinciales viene presionando a Rodríguez Larreta para firmar un acuerdo fiscal donde desisten de acciones judiciales contra el Estado Nacional, que incluye el amparo de la CABA ante la Corte. Por si hubiera alguna duda sobre esta intención política de desgastar la gestión de HRL como principal referente opositor, están las acusaciones de Wado de Pedro, refrendadas ayer por el Presidente, sobre la actuación de la Policía de la Ciudad en el operativo organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para el acceso a Plaza de Mayo.

Para el relato oficialista las culpas siempre son de los otros. Y resulta tan grotesco que hasta disimula errores y contradicciones de la gestión porteña, como el visible gasto en pintura amarilla para la señalización provisoria de la vía pública, que deberá taparse después de la pandemia; la virtual suspensión de la poda de árboles o mantener cerradas las «estaciones saludables» en los parques, donde se realizaban controles gratuitos de presión arterial, glucemia y sobrepeso.

Desde una perspectiva más amplia, el tributarista César Litvin sostiene que la suba de la presión tributaria en lo que va de este año (ya se crearon o aumentaron 14 impuestos) es producto de una «anarquía fiscal», que revela la pelea de distintas jurisdicciones para hacerse de recursos por encima de límites tolerables y donde «los contribuyentes juegan sin arquero». Para justificar esta afirmación, precisa que el 90% de la recaudación proviene de 11 impuestos, de los cuales sólo uno corresponde a las provincias y es Ingresos Brutos. También cuestiona que no exista como contrapartida un esfuerzo del Estado por reducir gastos improductivos, después de que la emisión monetaria para financiarlos creó un clima de fiesta ajeno a cualquier señal de austeridad fiscal.

Litvin cree además que el controvertido impuesto «por única vez» a las grandes fortunas (IGF), que el Senado se apresta a aprobar la semana próxima, ahuyentará la inversión privada y habrá de judicializarse por su carácter inconstitucional. Su argumento es que resulta confiscatorio al superponerse con Bienes Personales (cuya alícuota fue duplicada) e incluso por su aplicación retroactiva al 31 de diciembre de 2019 para neutralizar los cambios de jurisdicción fiscal que se hubieran producido durante este año.

Sin un plan económico a la vista, la política tributaria puede convertirse en una lotería y difícilmente el programa que se negocie con el FMI se interne en sus características mientras se reduca el déficit fiscal.

Una prueba es precisamente el IGF, que se convirtió en una politizada señal de cambios sobre la marcha, incluso con cierto apoyo opositor. No fue incluido en el presupuesto nacional para 2021 y su recaudación está atada a asignaciones específicas que sugieren una distribución discrecional, alejada de su promocionada intención de redistribuir ingresos de los más ricos a los más pobres. De hecho, casi la mitad de lo que se recaude se destinará a proyectos de gas natural a cargo de la estatal IEASA (exEnarsa) que desarrolle YPF (25%) y a subsidios a MiPyMes (20%).

Otra es que el IFG terminó por desvirtuar el anuncio oficial de promover la construcción de viviendas desde el pozo con desgravaciones impositivas en IBP y Ganancias por dos años, sin que se descartara un blanqueo de dólares con ese destino. El único proyecto enviado al Congreso hace más de un mes, sólo se limita a desgravar los intereses de depósitos en pesos con cláusula de ajuste y de los instrumentos de inversión en pesos autorizados por la Comisión Nacional de Valores para fomentar el ahorro en moneda local.

El problema de fondo es que la mayor presión tributaria incentiva a la AFIP a «cazar en el zoológico» de los contribuyentes registrados, después de haber hecho la vista gorda durante la larga cuarentena y aumentar el «premio» a los que evaden, que sólo en el caso del IVA equivale al 21%. Eso, sin contar Ingresos Brutos y decenas de impuestos y tasas sin contrapartida que se asemejan a una mordida fiscal, al igual que los que se cuelgan de las tarifas de energía y nunca bajan.

Néstor O. Scibona
[email protected]
Ilustración de Alejandro Agdamus