Aunque en el Gobierno no dan muchas pistas, el credo oficial es "algo en línea con la inflación". En ese caso, se trataría de una recomposición de entre 25% y 28%. Sin embargo, el secretario Martínez cree que hay sectores que pueden afrontar una recomposición mayor, en el orden de entre el 50% y 60%.

El aumento del 28% "promedio" podría enmascarar que hay clientes que tendrán un incremento del 10% y otros, más cercanos al 60%. Dos asociaciones de empresas eléctricas se reunieron con el secretario Martínez en las últimas semanas. En una de esas reuniones, se consensuó que determinados sectores podrían pagar los servicios. "Al que puede pagar, vamos a tratar de cobrarle el costo", prometió Martínez.

Las empresas dicen contar con la información necesaria para aplicar aumentos segmentados, que podrían llegar con precisión a segmentos que pueden "pagarlos", según coinciden en empresas y Gobierno.

El Poder Ejecutivo estudia un solo incremento anual, para evitar costos políticos en 2021 (año electoral), pero las opciones están abiertas. Serían "tarifas de transición", que durarían todo el año. Recién para 2022 está prevista la revisión tarifaria integral (RTI), que sería el cumplimiento del marco regulatorio del sector.

Los subsidios, que ahora corren para todos, podrían recortarse para ser asignados en forma más específica. En la mira hay un 20% del padrón de usuarios residenciales de luz y gas. Allí el aumento podría rondar el 50% al 60%.

El porcentaje de los que podrían pagar un aumento difiere según región geográfica, o si se trata de luz o gas.

En el caso de Edenor-Edesur, casi uno de cuatro clientes es considerado como gran consumidor. Allí hay un 25% que podría pagar más. Y hay un 3% caratulado como de consumos máximos. Allí hasta se podría hacer un traslado a precio superior al 60%, según el sector.

En distribución eléctrica, hay dos grandes grupos de altos consumos. Uno es de viviendas amplias o muchos aparatos eléctricos. Pero el otro se encuentra en barrios de emergencia. Allí, frente a la ausencia de redes de gas natural y agua, la electricidad se usa para otros artefactos.

La idea del Gobierno sería avanzar con aumentos para segmentos acomodados o poder adquisitivo medio, excluyendo los barrios de emergencia. En las empresas dicen que -en muchos asentamientos-, la electricidad no se paga.

Las empresas avalan esta estrategia. "Podemos ayudar a identificar bien estos segmentos", repiten por lo bajo.

Hay un 30% del padrón eléctrico que escaparía de los aumentos, o estaría por debajo de la inflación. El secretario Martínez cree que los programas de asistencia de ANSeS, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puede funcionar como referencia. Sus beneficiarios no pagarían aumentos, o recibirían incrementos mínimos.

En cambio, hay un 40% de consumos medios que convive con realidades mixtas. Allí hay tanto beneficiarios de planes sociales como trabajadores que pagan impuesto a las Ganancias. En el Gobierno lo identifican como "clase media" al que no quieren afectar. En encuestas que circulan en la oposición, parte de ese segmento votó a Mauricio Macri en 2015 y cambió de preferencia (hacia el Frente de Todos) en 2019, porque consideró excesivos los aumentos de tarifas, entre otros. El Poder Ejecutivo también conoce esos números.

La mayor atención actual está puesta en los aumentos de luz. En un verano donde habrá cortes de suministro, la reacción puede ser muy adversa si se anuncian aumentos significativos.

Con el gas, el aumento sería anunciado en diciembre, pero los consumidores recién comenzarán a notarlo hacia el invierno, cuando sube la demanda. El interventor del Enargas, Federico Bernal, difundió un trabajo que habla de 85% de retraso tarifario si las boletas se hubieran ajustado al mismo ritmo que en la administración anterior. Los técnicos que formaron parte de la gestión 2015-2019 no comparten esas estimaciones.

Martín Bidegaray