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Ciudades

En nombre de la pandemia, policía y COE violan garantías constitucionales

Efectivamente, sobre la medianoche de anoche detuvieron a Leandro Vilca saliendo del kiosco que está en la esquina del colonial, por comprar una cerveza que estaba cerrada y no tener barbijo, lo cual es falso porque Leandro llevaba el barbijo puesto. Aprehensión arbitraria y ajena las garantías constitucionales. Un nuevo atropello de la Policía de Catamarca y del COE. ¿Hasta cuando?

Cabe destacar que no estaba bebiendo en ese momento y antes tampoco. Estaban los bares abiertos y la gente en la plaza, muchas personas con barbijo y muchas otras sin el vital elemento de protección.

Un grupo de músicos salían de un ensayo,  y habían decidido ir a una casa particular para descansar porque al dia siguiente debían actuar en un show musical, siendo ésta actividad para ellos, esencial, "por cuanto es nuestra única fuente de trabajo" indicaron a El Pucará, jóvenes del entorno.

Lo cierto es que sin mediar explicación alguna, Leandro Vilca, de 28 años fue privado de su libertad ambulatoria, sin que se hubiera comprobado la comisión de un delito, sin que se hay impartido una orden judicial, sin orden del Ministerio Público ni presuntamente conocimiento de ninguna autoridad jurisdiccional.

En ese orden de situaciones, El Pucará publicó una nota días pasados, sobre como "Cómo debemos defendernos ante la autoridades policiales: nuestros derechos" porque estamos viviendo tiempos de atropellos, de autoritarismo y autoritarios que ignoran la ley. Lo que está haciendo la Policía de Catamarca, específicamente la regional de Santa María es ilegal. Desnudaron a Leandro y lo sometieron a tormentos físicos y psicológicos, jurídicamente se denomina "apremios ilegales" y es un delito tipificado en el Código Penal.  Desnudar a una persona y privarle de su libertad ambulatoria durante 20 horas constituye una grave violación a sus derechos y libertades individuales, consagrados en la Constitución Nacional y ratificados por el Pacto de San José de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Del mismo modo, son responsables las autoridades del COE, el intendente de Santa María, el Fiscal y cuanta autoridad permita que sigan ocurriendo este tipo de vejaciones, ya que la Argentina no esta en Estado de Sitio y las libertades individuales y las garantías están en plena vigencia.

"1.- NO HAY ESTADO DE SITIO por lo tanto están en plena vigencia todos nuestros derechos constitucionales, como el de circular y transitar libremente".

"2.- el art 202 del CÓDIGO PENAL establece que será reprimido con prisión de 3 a 15 años el que PROPAGARE una enfermedad peligrosa Y contagiosa".

"Para que se configure el delito, que es de peligro concreto, es decir no abstracto o potencial, la persona debe estar enferma y diagnosticada, ya que no se puede propagar algo que no se tiene.

– Deben concurrir dos supuestos, ya que el artículo es claro dice PELIGROSA Y (NO O) CONTAGIOSA, es decir que además de contagiarse debe si o si ser peligrosa para la salud, algo que tiene un índice de mortalidad menor al suicidio o al cáncer no es algo peligroso, ya que el índice de recuperación es superior al 95 por ciento."

Leandro Vilca no cometió ninguna infracción, no estaba ni alcoholizado, ni circulaba fuera del horario, además tenía puesto el barbijo. Sus compañeros de banda están desesperados, y tal como dijo una de sus compañera "Necesitamos laburar, hace semanas que se vienen preparando éste show".

También es grave que la policía de Santa María no acate la orden del Fiscal que ordenó la liberación, pues su liberación se demoró más de la cuenta. Según fuentes bien informadas, Leandro Vilca recibió golpes de puño en su rostro. Siglo XXI, Argentina, el salvajismo y las violaciones a los derechos humanos en plena democracia constituyen la vergüenza en la provincia de Catamarca y nos referimos a la ciudad de Santa María.

El fiscal de Santa Maria deberia abrir un sumario e investigar al personal policial interviniente en la aprehensión arbitraria e ilegal de Leandro Vilca, así como la posible comisión del delito de apremios ilegales que sufrió el joven. 

 

 

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