En la década de los 90’ los países latinoamericanos se convirtieron en un destino atractivo para la inversión minera extranjera como consecuencia del cambio de legislación que regula la actividad y que hasta el día de hoy la caracterizó como una “industria extractiva” que impactó de manera negativa, tanto en los beneficios que percibe el Estado, como en el daño ambiental que sufren las comunidades locales donde los yacimientos se encuentran, a punto tal de que en la actualidad nos seguimos cuestionando: ¿cuál debe ser el rol estratégico de la minería?, ¿cómo se deben administrar sus beneficios? y ¿cuáles son sus efectos sobre el medio ambiente?

En el año 1993 se dictó la Ley de Inversiones Mineras (24.196) que luego fue modificada por otras leyes similares, creando un sistema muy beneficioso para las empresas que realizaban explotación a gran escala, pero a la vez, muy perjudicial para las provincias, porque a partir de esa legislación no solo se fijó el techo para el pago de regalías en un 3% del “valor boca de mina”, sino que se les permitió a las empresas inversoras (todas multinacionales extranjeras): deducir el 100 % de los gastos de exploración, la devolución del IVA a la exploración, una estabilidad fiscal de 30 años donde no se puede afectar la carga tributaria o arancelaria de las mineras, ni disminuir sus beneficios, ni modificar su régimen cambiario.

Pero también se les permitió: amortizar los bienes de capital, eximirse de los aranceles, de las tasas aduaneras y del pago de ganancias, la devolución anticipada del IVA en la compra de bienes, la exención de contribuciones sobre la propiedad minera, sobre las retenciones a la exportación y sobre el impuesto al cheque, como así también la deducción del 100 % del impuesto a los combustibles líquidos y la posibilidad de transferir activos al exterior sin pagar cargas impositivas. Como si estos beneficios fueran pocos a algún “iluminado” se le ocurrió que las empresas mineras tampoco están obligadas a liquidar divisas en el país por lasexportaciones de bienes, servicios y materias primas.

El Gobierno de Catamarca, en las distintas administraciones que se suceden desde 1993 hasta el presente, no solo fue un testigo inerte de ese “brutal saqueo”, sino que agravó aún más la situación, dictando su propia “reglamentación promotora de inversiones” en donde las empresas mineras, además de los favores que reciben del régimen de inversiones nacional, se ven beneficiadas con la reducción del impuesto sobre ingresos brutos, sobre el impuesto al automotor y sobre el impuesto inmobiliario, otorgándoles otros beneficios tales como la exención del impuesto a los sellos y estampillados sobre los contratos, la ampliación de capital y la emisión de acciones.

Esta situación permitió que la “balanza” se inclinara a favor de las empresas inversoras en desmedro de los demás sectores productivos y hoy no existe ninguna actividad que tenga tantos beneficios y nuestra Provincia-asentada sobre una riqueza-transformó a la minería en una de las actividades menos rentables desde el punto de vista social, es decir, desde el rol estratégico del Estado, lo cual hizo que se perdiera la licencia social y por ende, la falta de aprobación de un proyecto minero por parte de la comunidad.

Porque sucedió esto?

• Porque los recursos no renovables, provenientes de la minería no se traducen en un beneficio para la gente. Ej: Minera Alumbrera.
• Porque la corrupción con la que se manejó al sector minero durante la última década.
• Porque en los últimos 8 años se intensificó la protesta ambiental anti minera, pero también la criminalización del reclamo.
• Porque las empresas inversoras, todas compuestas de capitales privados internacionales, a pesar de los beneficios, no ven seguridad jurídica, económica e institucionalidad, con lo cual optan por invertir en proyectos de mayor costo y menos beneficios, pero con mayor calidad institucional, tal como sucede en Perú o Bolivia.

¿Cuál es la solución?

• La Provincia de Catamarca debe adecuar su legislación a partir del dictado de políticas públicas que individualizan un “norte” de cuál es el rol de la minería y salir de ese modelo “extractivo” que están dejando de lado todos los países del mundo.
• El Gobierno debe tomar la iniciativa de desadherir del régimen de la Ley 24.196 y establecer sus propias reglas de juego, entre ellas, fijar su propio porcentaje de percepción de regalías o utilidades basándose en la Constitución Nacional que expresa que las provincias son dueñas de los recursos naturales que se encuentren en su territorio.
• Los recursos de la minería deben ser para beneficio del pueblo, fundamentalmente de las zonas donde está asentado el proyecto y su disposición no debe estar en manos del poder central, sino de un organismo colegiado y democrático conformado con personal capacitado en economías regionales.
• Debemos obligar a las empresas a tomar mano de obra local y en caso de ser especializada, que el costo de la especialización recaiga sobre la misma minera.
• Se debe priorizar la compra de insumos y productos a empresas locales, creándose una verdadera Cámara que administre y registre esa obligación.
• Hay que generarle valor agregado a la producción, de modo tal que todo proyecto que conlleve a la industrialización de su materia prima se manufacture en nuestra Provincia. Ejemplo: hoy el litio en Catamarca se extrae a granel, sin control de frontera, deja un insignificante porcentaje en Antofagasta de las Sierras y no se industrializa como sucede en Jujuy, donde ya trabajan en la confección de bateríaseléctricas. Esto es muy malo porque en veinte años más y como consecuencia de la regulaciones ambientales, la mayoría de los estados europeos y países como Japón y Corea dejaran de utilizar combustibles fósiles para sus vehículos y el litio se va a convertir en la “vedette” de este ciclo de producción y comercialización, con lo cual es de una enorme importancia contar con una planta industrializadora, más aun si tenemos en cuenta que el litio que se extrae en Catamarca genera entre 30 y 40 mil puestos de trabajo en el mundo.

El mayor déficit.

Lamentablemente en los últimos años los Gobiernos que administraron nuestra Provincia no supieron aprovechar los beneficios de la minería como si lo hizo San Juan y no solo se profundizaron la falta de licencia social, sino que contribuyeron a generar más desconfianza en los inversores, privilegiando los ingresos dinerarios que derivan de la Coparticipación Federal y que no generan ninguna fuente de trabajo, salvo el gasto publico derivado del sostenimiento del mayor de los déficits: la clase política.

A pesar de ese complejo escenario entiendo que con una estrategia de desarrollo donde se cumplan los postulados que mencione, se puede cambiar el curso de la minería, siempre y cuando el Gobierno modifique las políticas públicas del sector y le otorgue un alto grado de participación estatal que organice cadenas jerárquicas de valor, no solo en la industrialización del mineral extraído, sino también buscando cuál eslabón de esa cadena ofrece mayores y mejores oportunidades de inserción y creación de valor para definir el “rol” estratégico de la minería y crear el desarrollo dinámico y sustentable de un sector enfocado en el crecimiento de la economía local, sin descuidar el medio ambiente.-

(*) Abogado