Por un lado, expresó su punto de vista acerca de lo comunicado por el Ministro de Agua, Energía y Ambiente, Alberto Kosinski, donde habló de la posibilidad de fusión de la SAPEM de energía con la de agua, para minimizar los costos y eficientar el oficio, por lo cual Augusto César Acuña, titular de la ENRE, comentó en la radio mencionada, que para él no es más que concentración de poder. En ese sentido, Ávila dijo: “el gobierno en todo lo que ha sido la reducción del gasto político y administrativo del estado, no ha sido eficiente, nos han planteado esto desde un inicio y han aumentado los ministerios de 8 a 17, los miembros de la Corte, no hay nada que nos diga que está caminando en un sentido coherente. Espero que no lo hagan por decreto y sea un proyecto de ley”.

Y agregó “detrás de todo, está la intención del gobierno de fusionar la boleta para que la gente pague el agua, hay una gran morosidad y gran incumplimiento del pago del mismo. Me parece que puede ser una experiencia buena o negativa, depende de como lo planteen y de que no sea más allá de la concentración de la caja que después se genere un cobro abusivo de las tarifas del agua y luz. No creo que hayan sido buenas todas las reformas que han hecho”.

Por otro lado, acerca del código de procedimientos mineros, por lo cual hubo reuniones que se llevaron a cabo en el gobierno, el diputado indicó: “no estoy en contra de que el manejo de los recursos mineros de la provincia pasen a la órbita del estado, creo que se tiene que modificar en un 100 por 100 la política minera. No estoy de acuerdo con que un juzgado entregue pedimentos realizados por empresas a cambio de un pago de un canon muy bajo y que esas empresas después puedan negociar esos pedimentos obtenidos y adjudicados por el juzgado electoral y de mina y venda lo otro de la empresa obteniendo cifras de millones de ganancias, como ha pasado con Bajo la Alumbrera hasta que llegó a manos definitiva de lo dueños con millones de pase de mano de uno a otro.

Creo que se tiene que hacer una reforma profunda, que incluya la posibilidad que la provincia saque a la licitación pública nacional las áreas en vez de adjudicarlas a través del juzgado de minas y que los millones de dólares que ganan quienes obtienen esos pedimentos vendiéndole a otras empresas, lo gane la provincia. No puede ser que Catamarca tenga dificultades para dar una recomposición salarial y una empresa minera obtenga 280 millones de dólares de nuestra propia riqueza”.

“Los recursos que vienen a la provincia en concepto de regalías no sean única y exclusivamente para obras de infraestructura, tiene que ir destinado una parte para pagos corrientes y de salarios y tener una clase trabajadora estatal con una gran capacidad adquisitiva que dinamizaría todo el resto de la economía de Catamarca, asique son varias las cosas que hay que plantear”, subrayó.