Dijo Marchioli que "El gobierno pretende reformar el Código de Procedimiento Minero, mediante el cual cambiaría la autoridad minera, dejando sin materia al juzgado de minas de la provincia, en favor del Ejecutivo provincial".

Y agregó "Mediante este proyecto se pretende que sea el Ministerio de Minería, el que disponga los derechos mineros en general. El riesgo es que no se pueda sostener una política minera clara, con la consecuente pérdida de atractivo de inversiones hacia la provincia".

Para concluir, expresó su opinión sobre la Minería indicando "Si se afirma que la minería es una política de estado, se necesita un acuerdo con los partidos políticos, porque es fundamental conocer los riesgos de cambiar la política del sector.

Aunque reconoció que "De igual forma se están haciendo algunas observaciones, sobre los planteos que le hicimos".