​Cruzado por internas e intrigas, el máximo tribunal también está siendo requerido casi semanalmente como árbitro de profundas disputas políticas, un rol que irrita especialmente a todos sus jueces y reverdece sus recelos mutuos. Esta misma semana pidió informes a varias provincias respecto a las restricciones para ingresar a sus territorios, a priori inconstitucionales. En las próximas horas, además, golpeará a su puerta el gobierno porteño para reclamar por la quita de un punto de la coparticipación federal, que Alberto Fernández resolvió la semana para segar la crisis en la policía bonaerense. Muchas veces se critica, con razón, la "politización de la justicia". Pero igualmente nociva es la floreciente "judicialización de la política".

En su hora de ruta para lograr la impunidad propia y de sus hijos, Cristina Kirchner incluyó el copamiento de la Cámara Federal, tribunal de apelaciones de los doce juzgados de instrucción que funcionan en Comodoro Py. Diezmada por renuncias (Eduardo Luraschi en 2007 y Horacio Cattani en 2018), traslados (Eduardo Farah en 2018) y una destitución por juicio político (al multimillonario juez Eduardo Freiler, en 2017), la Cámara, integrada por dos salas con tres jueces cada una, quedó diezmada.

Para suplir esos agujeros, mientras el Consejo de la Magistratura iniciaba el farragoso proceso burocrático para concursar los cargos, el gobierno de Mauricio Macri trasladó a dos jueces del mismo fuero -federal-, de la misma jurisdicción -Capital Federal- y del mismo rango -camaristas- desde el Tribunal Oral Federal 4. Tras una pregunta explícita por parte el ministerio de Justicia, la Corte avaló esos traslados.

Por la Cámara pasaron todas las causas por corrupción contra Cristina y sus ex funcionarios, que luego de su salida del gobierno renacieron o se iniciaron a toda velocidad. Antes permanecían congeladas. Dato clave. El tribunal de alzada confirmó procesamientos y rechazó muchas de las chicanas y planteos con que las defensas de los acusados por corrupción habitualmente hacían pasar el tiempo hasta que las causas se caían por falta de resultados "en un plazo razonable". Así funcionaba el dispositivo judicial de impunidad.

Eyectar a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal, reponer a Farah -trasladado al fuero Penal Económico a pedido de él, tras el escándalo por su controvertido voto para liberar a Cristóbal López- y seguir serruchando el piso a Martín Irurzun mientras se traman los reemplazos para los dos jueces trasladados por otros dos más sensibles a las necesidades kirchneristas, es una jugada para blindar el futuro de nuevas denuncias, pero sobre todo para avisar urbi et orbi que el poder puede mover montañas, además de jueces. Ese mensaje, calculan Cristina y su ahijado Alberto Fernández, sería lo suficientemente potente para alinear a todos los magistrados, atenazados además por la sombra de la reforma judicial K y la comisión Beraldi.

Esa avanzada a los empujones no puede ser desconocida por la Corte, cuyas demoras y cabildeos ya habían alcanzado el límite de lo tolerable para la sensibilidad democrática de la oposición pero también de muchos magistrados de todos los fueros que esperan señales claras de sus superiores.

Sin romper lanzas, luego de una acordada virtual por zoom, el máximo tribunal terminó respaldando las últimas declaraciones de su titular, Carlos Rosenkrantz: será la Corte la que decida. No lo senadores, podría terminar la frase. Esta resolución no anticipa cuál será esa decisión, ni cuándo la conoceremos. Sin duda, cuando el Senado haya votado la anulación de los traslados, y Bruglia y Bertuzzi entren en un limbo inédito. Como casi todo lo que pasa en la Argentina en los últimos tiempos.

Claudio Savoia