El empresario del Café Dlirante, José Sojo, dispuso aplicar el llamado “derecho de admisión” y anunció la “restricción a la atención de políticos y funcionarios jerárquicos, en solidaridad con las pérdidas económicas generadas por el coronavirus”.
La medida la adoptó el propietario del local en Bariloche, ante el "hartazgo" al considerar que solo el sector privado paga los costos de la pandemia. Por eso, desde ayer restringió el ingreso de funcionarios nacionales, provinciales y municipales a cualquiera de sus tres cafeterías en el centro y oeste de Bariloche.
“Que resignen parte de sus ingresos les daría mayor legitimidad a las decisiones que toman”, dijo.
La excepción es para aquellos que donan el 25% de sus salarios como lo resignan los trabajadores gastronómicos.
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