La “cláusula Parrilli” incorporada en la reforma judicial que impulsa el oficialismo para blindar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en las numerosas causas judiciales por corrupción que enfrenta, provocó una rebelión en la granja del Frente de Todos y como de costumbre piden obras

El oficialismo empezó a negociar cargos judiciales con sus aliados y a canjear obras públicas con gobernadores que no son kirchneristas de paladar negro, para conseguir los votos necesarios.

Como si quedaran dudas que el fin último de esta reforma es limpiar el prontuario de la vicepresidenta, la propia Cristina Kirchner negoció con los senadores el reparto de cargos judiciales en el interior del país a cambio de votar este jueves el dictamen del oficialismo.

Según publicó el diario La Nación, el reparto de juzgados, cámaras federales y tribunales orales en distintos puntos del país fue la causa por la cual el oficialismo recién presentó su dictamen el último jueves al borde de la medianoche.

La pulseada tuvo momentos de tensión, con Cristina Kirchner amenazando en la tarde del miércoles con dar marcha atrás con todos los cambios que se le habían introducido al proyecto; y con los senadores oficialistas amenazando con no votar la reforma si no se contemplaban sus pedidos.

Finalmente, Cristina Kirchner cedió y que el título III del proyecto original, que creaba 94 juzgados federales en el interior del país, fue rediseñado para dar el gusto a los pedidos formulados por senadores y gobernadores peronistas.

Los que pidieron cámaras federales en sus provincias, en reemplazo de los juzgados federales incluidos en el proyecto, fueron los gobernadores de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de San Juan, Sergio Uñac; y de Catamarca, Raúl Jalil y el senador Adolfo Rodríguez Saá.

Lo mismo consiguió el jefe del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, habitual polea de transmisión en la Cámara alta de los deseos del gobernador y su líder político, Gildo Insfrán.

En otros casos, los dirigentes del Frente de Todos obtuvieron tribunales orales. Como son los casos de la senadora Ana Almirón (Corrientes), que logró colar un TOF en la ciudad de Ituzaingó, y el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, que terminó convertido en un tribunal oral en Resistencia, Chaco.

Un juzgado se creará en Avellaneda, a menos de 15 kilómetros de Comodoro Py y con tribunales federales en Quilmes y Lomas de Zamora, el distrito que preside Jorge Ferraresi, un kirchnerista ortodoxo, salió beneficiado en el reparto.

Otro partido que se vio recompensado fue La Matanza, gobernado históricamente por el peronismo y en manos de un aliado K, como Fernando Espinoza. El partido, que fue administrado hasta el año pasado por la actual vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, tendrá dos juzgados federales nuevos. Uno tendrá asiento en la cabecera del partido, la ciudad de San Justo, mientras que el otro estará en Gregorio de Laferrere.

Otros aliados, como el misionero Maurice Closs, elegido senador por el Frente Renovador de esa provincia e integrado ahora al Frente de Todos, logró sumar un juzgado federal en Posadas. Por supuesto, Santa Cruz también obtuvo lo suyo: tendrá tribunales nuevos en Río Turbio y Perito Moreno.

Mientras se discutía el reparto de cargos judiciales, el presidente Alberto Fernández, atacó por el reparto de fondos para obras públicas. Anunció la reactivación de obras de infraestructura en Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta, con una inversión de 19.700 millones de pesos.

Córdoba y Salta son dos distritos gobernados por Juan Schiaretti y por Gustavo Sáenz, que no hacen obediencia debida del kirchnerismo. De hecho, los diputados de Córdoba ya anunciaron el rechazo a la reforma.