El Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, a través de la Resolución N° 200/20, prolongó por 60 días la Resolución N° 100/20, mediante la cual se fijaron precios máximos de venta al consumidor final. La medida tendrá vigencia hasta 30 de agosto inclusive, la cual podrá ser prorrogada en atención a la situación epidemiológica por COVID-19.

Asimismo, el ministro Matías Kulfas intimó a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización de los productos que incrementen su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y que arbitren las medidas necesarias para asegurar el transporte y provisión de los bienes.

Los considerandos de la resolución expresan que la finalidad de la disposición es "salvaguardar el bienestar del pueblo argentino y asegurar el acceso a los bienes de consumo general esenciales en condiciones razonables, justas y equitativas por parte de todos y todas."

Cabe aclarar que mediante el Decreto N° 351/2020, Alberto Fernández facultó a los intendentas/es y gobernadoras/es a, con el fin de atender al bienestar común,  fiscalizar el cumplimiento de los precios fijados.

Las empresas argentinas deberán producir más por una decisión administrativa, es sin lugar a dudas las más novedosa e insólita de las medidas que ha tomado el gobierno en materia económica en el contexto de la emergencia sanitaria. La orden no tiene en cuenta ni los altos índices inflacionarios, ni la excesiva presión tributaria que viene desde lejos.