En una provincia normal, la Fiscalía de Investigaciones de Delitos contra la Administración Pública ya estaría investigando de oficio, la presunta comisión de delitos vinculados al incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, a los negocios incompatibles con la función pública, a la prevaricación vinculada a funcionarios públicos que dictan actos administrativos; al nombramiento en la empresa beneficiaria, que debe considerarse un soborno para configurar el presunto delito de cohecho pasivo. ¿Quién es el Fiscal que debería instruir el sumario e investigar? Alguien que la Corte Suprema desaconsejo nombrar y que al tiempo de redactarse esta nota también está incumpliendo con sus deberes y con el Reglamento del Ministerio Público Fiscal. ¿Se dan cuenta señores lectores porque Lucía Corpacci nombró a “ese” fiscal y no a uno probo?

Si quieren una prueba concreta e irrefutable de impunidad, pues aquí la tienen. El Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Administración Pública es miembro de la familia tristemente célebre por haber logrado un récord mundial de miembros de un mismo clan que toman de la teta del Estado, Nacional y Provincial. Facundo Barros es el Fiscal y los Barros Jorrat, los tristemente célebres, que hacen famosa a la provincia de Catamarca, no por sus bondades sino por su displicencia. ¿Por qué nadie invierte en Catamarca? ¿Por qué se habla de inseguridad jurídica? ¿Por qué se afirma que el principal legado de Corpacci es la impunidad? Es por esto, señoras y señores.

Y por esto otro: Días pasados, la Ing. María Inés Ulla renunció a su cargo como Secretaria de Desarrollo Minero, previo aprobar los informes de Impacto Ambiental presentados por la compañía Galaxy Resources, empresa en la que fue designada al día siguiente de renunciar. Reiteramos, el fiscal incompetente, no en razón de la materia, sino por lo inútil y mañero, ya debería estar investigando, la sucesión de conductas presuntamente dolosas y reprochables, pasibles de penas punitivas. Por estas horas debe haber hecho un llamado… Papá ¿Qué hago?... No hagas nada hijo… fue la casi segura respuesta del patriarca. Justamente, lo pusieron en un lugar clave para que no hiciera nada, excepto cobrar un muy buen salario con generosos beneficios sociales.

Esta situación -por increíble que parezca- generó un conflicto de intereses pocas veces visto, independientemente de que ya no preste funciones en el Gobierno y es indudable que su “pase” está teñido de parcialidad y su paso por la función pública quedara enmarcado en la falta de integridad de quienes se sientan a los dos lados del mostrador, porque nadie –con un solo dedo de frente- podrá justificar que la “transferencia” se debió a su capacidad, sino a su rol de controladora de la compañía que a la postre resultó controlada. Ese es el reproche político, pero la cuestión entra de lleno en la esfera penal, donde estamos huérfanos, porque una familia prebendaria prefiere mantener los privilegio de la codicia en vez de engrandecer los destinos de la República.

En innumerables editoriales, El Pucará ha mencionado los errores no forzados, totalmente voluntarios, cometidos por el Gobierno de Lucía Corpacci durante los últimos ochos años en Catamarca, advirtiéndole sobre la necesidad de recuperar la “licencia social” en materia de minería, que claramente no tienen ni han recuperado a pesar del cambio de gobierno. Es triste observar a Jalil entregarse al gatopardismo lampedusiano en su máxima pureza. "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie". Cambiaron algunos nombres, la política es la misma, con perdón de la política.

El actual gobernador prosiguió con las políticas de la ex Gobernadora, quien a su vez recibe órdenes de su consorte, el tristemente célebre Ángel Mercado. También ratificó toda la estructura minera de “Don Ángel”, con Rodolfo Micone a la cabeza, a quien –increíblemente- ascendió de rango, pasando de Secretario a Ministro, un premio lamentable para quien administra la minería como si se tratara de feudo y él, de señor feudal con un séquito de custodios con prontuario nutrido.

Como contrapartida recibió las peores noticias. Es obvio que el actual Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, no está conforme con el rol de Rodolfo Micone frente a los potenciales inversores. En Toronto quedó harto evidenciado. Además de ignorar la ley se ha detectado que es un impresentable de los foros internacionales a los que concurre, donde está tachado de rojo. Y si no, veamos sus logros al frente de la que debiera ser, la cartera ministerial más importante:

El Intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, ratificó la pertenencia anti-minera que lo erigió en el cargo. La Universidad Nacional de Tucumán rechazó el acuerdo por la explotación de Agua Rica. La Asamblea Ambientalista de Andalgalá denunció las maniobras ilegales de YMAD y consiguieron allanamientos e imputaciones contra miembros del Directorio y de la Secretaría Nacional de Minería y, por si fuera poco, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó el resguardo de los bienes destinados a la UNT en perjuicio de la Provincia de Catamarca.

Es indudable que algunos funcionarios de este Gobierno que componen el legado de Corpacci intentan avanzar sobre el Estado de Derecho ante la distracción que genera la pandemia del coronavirus. Lo afirmó Angela Merkel ante el Parlamento Europeo "El populismo que niega los hechos está mostrando sus límites. Una democracia necesita verdad y transparencia".

La pregunta que nos hacemos todos es: ¿Raúl Jalil lo sabe? ¿Está de acuerdo con este esquema? ¿Cree que después de esto va a recuperar la licencia social y va a tentar a los inversores?.

Son todos interrogantes que solo las futuras acciones de Gobierno nos lo dirán, por ahora solo queda un sabor amargo sobre esta sugestiva designación y un camino de poca luz y muchas tinieblas. Mientras Jalil no tome drásticas medidas, seguirá transitando el atajo de las peores oscuridades de la política, del anterior gobierno y en vez de buscar un camino de grandeza entrará a la historia de la provincia por la puerta de servicio.