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Opinión

La Minería en Catamarca, Micone y el Templo de la Perdición - parte I -

Desde hace un tiempo a esta parte, los Catamarqueños hemos sido testigos de cómo Raúl Jalil viene hilvanando una serie de desatinos y pifias en todas las decisiones que toma o lo que es peor aún, que le hacen tomar, en materia de minería.

¿Quién se las hace tomar? Es muy sencillo, una parte del gobierno que quiere seguir caminando por la senda escabrosa del escándalo, de la impunidad y de la corrupción. El primer mandatario está frente a una oportunidad histórica. O busca la luz o sigue el camino de las tinieblas, con todo lo que ello implica.

Quizás no lo tenga aún del todo claro, desde aquí, desde la línea editorial que nos hemos trazado, le estamos indicando el camino correcto.  Señor Gobernador, es hora de redimir al pueblo catamarqueño, que desde hace décadas, todo lo espera de sus gobernantes y estos, lejos de responder, siguen obrando de la peor manera. Así no se gobierna. En la Democracia, el poder real reside en el pueblo soberano y como forma de vida es bueno recordar que con la “democracia se come, se educa y se cura”, tal como los expresó el Padre de la democracia, don Raúl Alfonsín. Sin embargo, en Catamarca eso no sucede, comen unos pocos, se educa a la mitad y se curan los privados.

En los últimos tiempos, el camino estuvo tapado de neblina y otras oscuridades. Ocurrieron tres hechos que marcan que aún no se ha decidido a abandonar el atajo de la sin razón. Tuvo la oportunidad de tener trigo limpio en su fundo. Nadie se explica con exactitud todavía, cómo fue la vergonzosa “baja y alta” de Rodolfo Micone en el Ministerio de Minería, alguien que no puede explicar con la frente alta una década de gestión. Ese fue el primer hecho y el más grave. El peor escenario de una gestión es tomar una decisión y luego recular, dar marcha atrás. De ese modo, el gobernador empoderó a un personaje que los inversores mineros detestan. En Toronto, por alguna razón hablaron con Jalil a solas y Micone quedó afuera de las conversaciones. Jalil habló de renovación y Micone fue elevado de Secretario a Ministro, así crece el descrédito de Jalil.

Las concesiones mineras se cuentan por miles y los ingresos del Estado se cuentan en gotas, no de agua abundante sino de caños pinchados. Ya lo hemos dicho y lo repetiremos hasta el cansancio, la fórmula de “políticos ricos y pueblo pobre” llegó a su fin.  Es hora de arreglar los caños y despedir al plomero, por incompetente y por corrupto. La Pandemia Mundial es la bisagra de la historia de los pueblos. Los vecinos, Salta y Jujuy, eliminaron la figura del “Juez de Minas” por inoperante, y  Catamarca fiel al estilo de atraso y obsolescencia, lo mantiene. Más de dos mil yacimientos mineros que al Estado no le generan nada. Nadie cobra los cánones que le corresponden al Estado provincial, nadie fiscaliza, y la degradación ambiental está fuera de control. Esa es una de la características de la “gestión” Micone que ya cumplió la década. Sería interesante saber a quién le pagan los concesionarios mineros y de paso recordarles el axioma jurídico  "El que paga mal, paga dos veces".

El eterno ministro negocia o mejor dicho, atropella a cualquiera que lo contradiga. Las comunidades de Pueblos Originarios tienen amparo constitucional, pero en Catamarca están desamparados por la anomia y las arbitrariedades constantes del gobierno. Un cacique clama en el desierto y negocia en inferioridad de condiciones. El gobierno plantea "el toma y daca" y las comunidades de Pueblos Originarios piden Justicia, cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable y comprensión para su pueblo. A cambio, el gobierno ofrece promesas de dádivas y nombramientos, siempre en el afán de transitar por el atajo. Todo sin el consentimiento de las comunidades, sin licencia social.

Negocian en forma individual y en la Capital provincial, nunca se acercaron a dialogar con la Asamblea y lo más triste es que les dicen una cosa y hacen otra. Se lo han dicho una y mil veces, la Comunidad de Atacameños del Altiplano no está dispuesta a hacer concesiones con la Cuenca hídrica del Río Los Patos. Pues a Micone no le importa ni la comunidad, ni sus integrantes, ni sus representantes, ni los derechos humanos, ni la Constitución Nacional y últimamente se ha detectado que también ignora el Código Penal Argentino, parece que en Catamarca lo han derogado.

El propio Cacique Román Guitian dejó un mensaje a éste diario y en las redes, rechazando la designación como Supervisor. Un hombre que trabaja con su ganado a más de 4.000 metros de altura, que no tiene señal, que padece las duras inclemencias del invierno en altura… tuvo que hacer 80 km para poder grabar un mensaje y rechazar expresamente la designación. Sin embargo, el Diario El Ancasti insiste, Micone insiste, Jalil insiste. ¿En qué idioma hay que expresarse para que entiendan que así no se gobierna?

No tiene el gobierno de Catamarca licencia Social para explotar el agua del Río Los Patos o su Cuenca Hídrica, de manera que conceder la explotación del agua subterránea por dos años, sin el consentimiento expreso de la Comunidad Atacameña del Altiplano, constituye una clara violación de derechos adquiridos y el acto administrativo está viciado de nulidad desde el inicio "ab-initio", pues carece de los requisitos esenciales para que surta efectos jurídicos. Seria delito que la cuestion tuviera ejecución material. Es bueno recordar a la población lo siguiente: A partir de aquel día, por la reforma del Constitución Nacional del año 1994, los derechos indígenas, preexistentes al derecho positivo argentino, tomaron estado y rango constitucional, mal que le pese a muchos, y la Asamblea constituyente redactó, aprobó y sancionó, en tanto que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó, la reforma constitucional con carácter de ley de leyes, también llamada "Carta Magna" ,  el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso:

  • Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
  • Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
  • Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan.
  • Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
  • Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.

Fue así que el Congreso nacional sancionó una serie de leyes y reglamentaciones que rigen los derechos y garantías de los pueblos originarios. Por ejemplo la Ley 26.160 "Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes."

Del mismo modo, expresar públicamente que rechaza el nombramiento de supervisor, es suficiente para que el acto sea declarado irregular e ineficaz a los efectos administrativos y sea considerado como que nunca existió. ¿Declarado por quién? Por nadie, Si en Catamarca no existe la Justicia y reina la impunidad, razón por la cual hace lo que quieren. Es evidente que las comunidades tendrán que hacer las denuncias pertinentes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Catamarca no cumple con sus deberes y viola las garantías constitucionales, en forma artera. De yapa, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas brilla por su ausencia.

La “concesión” de la explotación de la Cuenca Hidrica del Rio Los Patos no debe ser efectuada por Ambiente. Carece de facultades para hacerlo. No es de su competencia. Quien concede arbitrariamente el uso del agua es la Secretaria de Desarrollo Minero, quién da vista de las actuaciones a Ambiente y quién lo dispuso es la renunciante Secretaria de Estado Ingeniera María Inés Ulla. Actuaron de ese modo para eludir la prevaricación combinada -disposición legal- con el cohecho pasivo, que se configura con el nombramiento en la empresa beneficiada. En la Argentina es una conducta pasible de ser imputada e investigada. En Catamarca parece que no. O tiene otro código u otros códigos frente a la ley penal.

Resulta ser que la funcionaria de Micone, números dos del ministerio de Minería, arbitra las medidas pertinentes para favorecer a una empresa con un decisión administrativa, luego renuncia y que ahora pasa a formar parte del equipo técnico de la minera internacional a la que le aprobó sus derechos de explotación, lo cual constituye un hecho gravísimo.

Esto es Catamarca, y éste es Micone en el Templo de la Perdición, emulando a Indiana Jones; la piedra mágica es la minería catamarqueña que se la han robado. ¿Hasta cuando?

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